Por Rodrigo Tisnés
Días atrás escribí la primera parte de esta columna, en la que realicé una serie de comentarios y apreciaciones primarias sobre algunos contenidos del proyecto de presupuesto, que está siendo estudiado por la Junta Departamental.
Haciendo un rápido repaso, en dicha columna comentaba que no me convence aumentar de 7 a 11 las Direcciones Generales de la Intendencia Departamental de Rocha. Por un lado porque significa que habrá cuatro cargos políticos que pasarán a percibir remuneraciones sensiblemente más altas que las que percibirían en caso de seguir siendo direcciones comunes, y eso, en el contexto actual que estamos viviendo, en el país y en el mundo, de retracción económica, con muchísimas personas con problemas de empleo (ya sea para mantenerlo o para acceder a uno) resulta un gesto que se aparta de la austeridad que debería predicarse en momentos como estos. Aunque sea simbólico, porque es claro que 4 sueldos no cambian las cuentas de la Intendencia, lo simbólico también genera efectos y reacciones.
La razón de fondo es que leyendo el organigrama propuesto, entiendo que no se justifica en función de la estructura propuesta para las direcciones de Cultura y Deportes.
Luego realicé algunos comentarios sobre lo que me impresiona como poca innovación en la propuesta de Cultura, y el desastre que me parece lo que se plantea como acciones de la División de Descentralización. Para hacer lo que proponen en el proyecto, lo más sano sería que directamente la eliminen del organigrama. O hacer borrón y cuenta nueva, redactando una nueva cantidad de actividades y acciones para la misma.
Posiblemente la propuesta en Descentralización sea la que, con diferencia, me parece más floja de todas, y ya expresé mi opinión sobre la propuesta de Cultura, pero ciertamente no son las únicas que han llamado mi atención.
En lo que respecta a los objetivos específicos de la Dirección General de Promoción Social, me parece interesante la intención de generar un sistema informático similar al Sistema de Monitoreo y Resolución de Trámites (SMART) del MIDES, una herramienta informática que posibilita el cruzamiento de datos entre diversos programas y dependencias estatales, por lo cual parece fundamental su concreción, más allá de la necesidad que impone el trabajo desde la virtualidad.
Pero por otro lado no puedo dejar de notar, con mucha preocupación, que en materia de vivienda social la única acción prevista es la recopilación y sistematización de toda la información sobre aportes en vivienda o materiales de construcción por parte de dicha área.
Más allá de que brindar soluciones habitacionales y de vivienda no es un cometido central de los gobiernos departamentales, por la vía de los hechos, con el correr de los años y ante las trabas y dificultades que tienen miles de familias (y personas) para acceder a la vivienda por otras instituciones (Ministerio de Vivienda, Banco Hipotecario, cooperativas, etc) las Intendencias cada vez más han ido teniendo que dar respuestas, de alguna forma, a esta compleja problemática social, que cruza no sólo la posibilidad de poder adquirir la casa propia, sino también el tema –tal vez más complejo- del acceso a la propiedad de la tierra.
En las gestiones anteriores la Intendencia fue cubriendo parte de esa demanda de vivienda. Lo hizo en diversas modalidades: mediante entrega de canasta de materiales de construcción, por construcción por parte de cuadrillas de trabajadores de la Intendencia y pequeñas empresas constructoras, y por cesión de tierras para cooperativas de viviendas.
Por eso me resulta llamativo. Profundamente llamativo, que ahora la única acción que figura en esa área sea recopilar y sistematizar lo hecho, cuando, mínimamente podría seguir cumpliéndose con parte de la demanda insatisfecha.
Y como nuevamente me ha quedado más largo de lo que pretendía, pienso cerrar en una tercera parte, estas apreciaciones primarias sobre el proyecto de presupuesto.