La Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) dio a conocer los resultados de 11 auditorías que evaluaron la gestión del gobierno anterior en el organismo y de las que se desprenden un total de 14 denuncias penales.
El directorio dispuso la realización de 21 auditorías desde que asumió en marzo del 2020 y, por lo tanto, aún hay 10 que están pendientes.
Consultado al respecto, el vicepresidente de ASSE, Marcelo Sosa, dijo que los resultados publicados «evidencian la mala gestión de los dineros públicos» que hubo de parte de las autoridades del organismo durante el período pasado.
«Entre muchas cosas halladas, lo que más rompió los ojos es la eventual conjunción del interés público y privado, el riesgo de sobrefacturación y la evidencia de un mal manejo general que es muy clara», indicó Sosa.
El documento emitido este martes da cuenta de que, por ejemplo, en el Hospital Pereira Rossell se encontró que hubo una «licitación pública que fue dejada sin efecto en sus etapas finales por parte de la anterior Administración de ASSE Central, sin causas debidamente justificadas, contratando en su lugar los servicios por compra directa» a la Fundación Plemuu -que se dedica a las condiciones educativas, laborales, sociales y de salud de las mujeres uruguayas-, la cual «se vio beneficiada a raíz de la falta de cumplimiento de las formalidades para la contratación».
Además del Pereira Rossell, las auditorías en el Hospital Maciel son las que «mostraron los resultados más graves», según Sosa. Allí se constató que «la contabilidad se llevaba por el estudio particular del contador adjunto de la dirección anterior, que además intervenía en todo el proceso de compras».
La auditoría también encontró la contratación directa de una empresa, «sin procedimiento de compra ni solicitud de otras cotizaciones, abonándose en el período analizado un total de $ 18.650.130, además de $ 19.121.629 en el mismo período por una licitación por mantenimiento edilicio del hospital, totalizando $ 37.771.759 pagos a este proveedor por mantenimiento».
En cuanto al servicio de Anestesia del Maciel, que se evaluó desde 2017 a 2019, se descubrió entre otros elementos la «destrucción de la documentación probatoria de horas trabajadas por los médicos anestesistas», que fue ordenada por la anterior dirección.
A raíz de los hallazgos se solicitaron tres investigaciones administrativas y se presentaron tres denuncias penales.
Otra de las auditorías refiere al Centro Hospitalario de Maldonado en donde se detectó la adquisición de servicios a través de compras directas por un total de $ 259.118.137 durante el período auditado. A su vez, «las facturas de los proveedores eran aprobadas y pagadas sin verificar que el estudio se hubiese realizado efectivamente, dejando abierta la posibilidad de que sobrefacturara». El documento indica que las debilidades o falta de control en los servicios ofrecidos «determinaron pérdidas muy importantes para la administración, pero además facilitaron la posibilidad de ejecución de acciones de tipo lucrativo con dineros públicos, eventualmente irregulares o ilícitos, ante la pasividad de la Administración».
Para el vicepresidente de ASSE, lo que ocurrió en la gestión anterior en Maldonado «es irregular por donde se lo mire».
Sosa señaló que «lo peor» de los resultados obtenidos en las 11 auditorías finalizadas está en que «se está hablando de dineros públicos» en una institución «tan sensible como ASSE que atiende la salud de los más vulnerables».
El jerarca, además, advirtió que ni el directorio de ASSE ni el gobierno actual esperan «una respuesta política al respecto» de parte del Frente Amplio ni del directorio anterior.
«Lo que hacemos es auditar y no esperamos respuestas concretas más allá de lo que ahora está en manos de la Justicia. Sabemos que los funcionarios se van a defender dentro de los procedimientos administrativos», sostuvo.

Retrasos en denuncias.
El País informó ayer que debido al aumento de contagios de covid-19 de los últimos meses, todas las investigaciones administrativas formalizadas a los funcionarios de ASSE están demoradas, entre ellas la investigación a una jerarca por irregularidades en un proceso de aborto. Los atrasos «son generalizados», según una fuente de la administración y ocurren en todas las áreas.
En este sentido, Sosa dijo que «es cierto» que el covid «afectó todos los servicios», pero «las auditorías presentadas ahora se comenzaron hace casi dos años». «Lleva su tiempo hacer una investigación administrativa. Los sumarios no se hacen así nomás», dijo.
Las auditorias finalizadas corresponden al Centro Hospitalario Pereira Rossell, Hospital Maciel (Obras, Servicios de Anestesia, Compras y Financiero Contable), Departamento de Certificaciones y Juntas Médicas, Centro Auxiliar de Bella Unión, Centro Auxiliar de Paso de los Toros, RAP Paysandú y Centro Hospitalario de Maldonado -San Carlos.

Las 10 auditorías que se encuentran en trámite son las siguientes:
Unidad Ejecutora: Objeto:
* Gerencia Administrativa ASSE Central Económica, Financiera, Jurídica y de Procedimientos.
* Hospital Paysandú Diagnóstico de la Gestión Administrativa.
* Hospital de Florida Insumos y Recursos Humanos.
* Hospital de Florida Alimentación, Limpieza y Ambulancias.
* Hospital de Florida Financiera Contable.
* Hospital de Flores Administrativa Financiera.
* Flota ASSE Central Reparaciones de Vehículos.
* Hospital de Artigas Servicios contratados con prestadora privada.
* Hospital de Rocha Contratos y Pagos por mantenimiento preventivo de equipos.
* Centro Nacional de Afiliaciones Gestión del padrón de afiliados de ASSE