Este lunes 28 de junio se celebra en diferentes países del mundo el Día del Orgullo LGBT. Al margen de los famosos desfiles, está el origen de esta celebración, que muchas personas todavía desconocen.

Disturbios Stonewall

El arranque de esta tradición empezó en la ciudad que nunca duerme, Nueva York, en 1969, donde se produjeron los conocidos como los disturbios Stonewall, cuando la comunidad LGBTI de Estados Unidos se unió, por primera vez en la Historia, para reivindicar sus derechos.

Estas manifestaciones fueron en protesta de una redada policial que tuvo lugar en el pub Stonewall Inn, en Greenwich Village, durante la madrugada del 28 de junio. En los años 60 todavía no estaban reconocidos los derechos del colectivo y había pocos locales los que sí les permitían la entrada abiertamente, aunque se enfrentaban a la posibilidad de ser arrestados.

Fue un año después, cuando tuvieron lugar las dos primeras marchas en favor de este colectivo LGBT, Nueva York y los Ángeles, a las que poco a poco, se comenzaron a sumar otras ciudades del país, y años más tarde, este movimiento se extendió a otros continentes.

Matrimonio igualitario en Uruguay

El matrimonio entre personas del mismo sexo en Uruguay es legal a partir de la Ley de Matrimonio Igualitario, aprobada el 10 de abril de 2013. Uruguay se convirtió en el duodécimo país del mundo en permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo, y el segundo en Latinoamérica después de que Argentina lo hiciese en 2010. Hasta 2013 rigió el Código Civil de 1859, que establecía que la institución matrimonial consistía en una pareja conformada por un hombre y una mujer.

La Constitución uruguaya, en referencia a la familia, establece en su artículo 40: «La familia es la base de nuestra sociedad. El Estado velará por su estabilidad moral y material, para la mejor formación de los hijos dentro de la sociedad.».

Dado que no se define el concepto de familia y no se incluye ni define el término «matrimonio» o «concubinato». La autorización tanto de la unión concubinaria (ley 18.246) como del matrimonio entre personas del mismo sexo en Uruguay (ley 19.075) no requirió reforma constitucional como sí sería el caso de Paraguay, Perú u Honduras si decidiesen impulsar un proyecto de ley de unión civil o matrimonio igualitario.

En el caso uruguayo, como señalaron los catedráticos en Derecho Civil que comparecieron ante la Comisión de Constitución y Códigos de ambas cámaras, bastaba una ley que por mayoría simple modificase el Código Civil.

Tratados Internacionales

Uruguay está obligado por los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya que es un país firmante del Pacto de San José de Costa Rica. El 9 de enero de 2018 la Corte emitió una opinión consultiva que solicita la aprobación de los matrimonios entre personas del mismo sexo. En el momento de la emisión del dictamen Uruguay ya había aprobado la ley de Matrimonio Igualitario. La corte establece que:

«(…) para garantizar los derechos de las parejas del mismo sexo no es necesaria la creación de nuevas figuras jurídicas, y por ende, optó por extender las instituciones existentes a las parejas compuestas por personas del mismo sexo –incluyendo el matrimonio–, de conformidad con el principio pro persona. La Corte consideró que este sería el medio más sencillo y eficaz para asegurar los derechos derivados del vínculo entre parejas del mismo sexo».

Este fallo establece la imposibilidad de la derogación de la ley aprobada en Uruguay en 2013, ya que de hacerlo el país podría enfrentar responsabilidad internacional por el incumplimiento del pacto y sanciones por parte de la Corte.

Polémica en Hungría

El gobierno ultraconservador de Viktor Orbán ha aprobado en Hungría una ley que aunque en principio trataba de luchar contra la pedofilia, ha aprovechado para prohibir hablar sobre la homosexualidad en los programas escolares y exponer a menores de 18 años a pornografía y a cualquier contenido que fomente la homosexualidad y el cambio de sexo.

Esta polémica ley ha provocado una inmediata reacción tanto por parte de la oposición como por parte del resto de Europa, incluso, el primer ministro de los Países Bajos, Mark Rutte, ha invitado a Orbán a marcharse de la Unión Europea si no rectifica esta ley. Asimismo, 17 miembros de la UE, le han enviado una carta en la que trasladan su voluntad de «seguir luchando contra la discriminación hacia la comunidad LGTBI».