Tribunal de honor militar reveló que, luego de que Vázquez anunciara a los mandos militares que pretendía zanjar la situación de los derechos humanos respecto del pasado reciente, hubo intentos de secuestro a quienes tenían información y espionaje entre militares, revelan las actas de un tribunal de honor realizado al excomandante en jefe del Ejército Ángel Bertolotti.

Los seis primeros meses del gobierno de Tabaré Vázquez en 2005 enfrentaron una grave crisis militar –quizás mayor que la de 1986– con desacatos, amenazas de golpe de Estado, insubordinaciones y desconocimiento del mando, supuestos planes para el asesinato del presidente y proyectos de secuestros, todo en medio de un operativo reservado impulsado por Presidencia para superar la cuestión de los derechos humanos.

Los detalles de los entretelones de esa crisis, que en su momento se había conocido a través de trascendidos de prensa, surgen del expediente del tribunal de honor que juzgó la conducta del excomandante del Ejército, teniente general Ángel Bertolotti, en setiembre de 2006, y al que accedió Brecha. El tribunal, integrado por los tenientes generales Fernán Amado, Juan Geymonat y Carlos Daners, propuso sancionar a Bertolotti por «falta grave, pero sin prohibición de usar el uniforme», por su actuación en el proceso que derivó, tras arduas negociaciones, en la detención de seis represores sobre los que pendía un pedido de extradición desde Argentina por su participación en el Plan Cóndor. La ministra de Defensa Nacional de aquel período, Azucena Berrutti, resolvió no homologar el fallo, defendiendo la actuación de Bertolotti y cuestionando la intención de los tres tenientes generales en situación de retiro de convertir el tribunal de honor en una plataforma de cuestionamiento de la política oficial de derechos humanos.

El motivo que dio pie a la instalación del tribunal de honor fue un episodio ocurrido en julio de 2006, cuando el presidente del Círculo Militar, el general retirado Ricardo Galarza, destrató públicamente al teniente general Bertolotti al negarse a estrecharle la mano tendida: «No tengo interés en saludarlo», dijo delante de otros altos oficiales. Galarza después explicaría que su comportamiento estaba dictado por la convicción de que el teniente general Bertolotti era «un traidor, un mentiroso y un comunista».

Pero el verdadero origen de la crisis data de febrero de 2005, cuando el electo presidente, Tabaré Vázquez, mantuvo una reunión con el general Bertolotti –recién designado comandante en jefe del Ejército por el presidente Jorge Batlle– en el despacho de su clínica médica. Vázquez le adelantó al teniente general lo que después reiteraría en una reunión con los oficiales generales del Ejército: su gobierno quería resolver definitivamente la cuestión de los derechos humanos violados durante la dictadura completando la labor de la Comisión para la Paz, instalada por Batlle e integrada por Gonzalo Fernández, secretario de la Presidencia de Vázquez. Según Bertolotti, Vázquez le aseguró que solo quedarían fuera de la ley de caducidad los casos de María Claudia García de Gelman y de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz. Planteó que, de encontrarse el lugar de enterramiento de María Claudia, él, Vázquez, no quería nombres. Bertolotti, según explicó ante la Justicia y en el tribunal de honor, interpretó que el presidente no quería identificar a los responsables, y eso lo tomó como una orden del mando superior.

Con la asunción de Vázquez el 1 de marzo, Bertolotti puso en ejecución la estrategia presidencial, que suponía, además, la instalación de una comisión de dos generales para recabar la información que reclamaba el presidente. De acuerdo a lo que relató a los miembros del tribunal de honor, Bertolotti informó a la Junta de Oficiales Generales que el mando superior no quería que ningún oficial fuera preso. «Si se aclaran los casos Michelini, Gutiérrez Ruiz y Gelman, está todo arreglado, nadie irá preso», dijo, y ello fue ratificado por otros oficiales citados como testigos, entre ellos, el coronel Juan Pomoli y el general Juan Córdoba. Simultáneamente, el prosecretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, mantenía reuniones paralelas con generales (que el comandante desconocía) y con algunos de los oficiales más comprometidos en los delitos de la dictadura. El general Juan Córdoba, por entonces comandante de la División de Ejército 1, reveló que había mantenido una reunión con Fernández, y con la presencia del abogado Carlos Curbelo, en la que el prosecretario explicó «que no iba a ir nadie preso y que no era idea del gobierno atacar al Ejército». Sobre el compromiso del propio Vázquez, el general Córdoba detalló la reunión que el presidente mantuvo en el Comando General del Ejército con los generales: después de una exposición de Bertolotti «bastante vergonzosa, el presidente manifestó que lo que él quería era terminar el tema, lograr hacer un libro con la Comisión para la Paz; que él no pretendía tomar medidas con militares, solamente en el caso de la nuera de Gelman y de Gutiérrez Ruiz, y si aparecía el cadáver de la nuera de Gelman, el tema pasaba a estar incluido dentro de la ley de caducidad. Al preguntarle si no iba a haber detenciones y si el tema iba a ser tratado en suma reserva, contestó que sí». Con el compromiso del presidente, los generales debatieron la propuesta y coincidieron en que el comandante debía nombrar una comisión para obtener la información; debía ser integrada por los generales más antiguos, más próximos a pasar a retiro. Pero Bertolotti decidió nombrar a los generales Barneix y Carlos Díaz. En el expediente del tribunal aparecen los testimonios de varios declarantes en el sentido de que Bertolotti se reunió con algunos de los oficiales directamente involucrados y que, por lo menos en dos ocasiones, según relató el general Córdoba, el comandante en jefe intentó presionar al mayor en situación de reforma José Arab para que identificara el lugar donde había sido enterrada María Claudia García de Gelman. En el informe que Bertolotti entregó a Vázquez sobre los resultados de las gestiones de los generales Barneix y Díaz, se señalaba el lugar donde María Claudia supuestamente había sido enterrada. El general Ricardo Galarza calificó como «caminata ósea» el trayecto que Bertolotti hizo junto con Macarena Gelman, la hija de María Claudia, y el secretario de derechos humanos del gobierno argentino en los predios del Batallón 14 de Infantería. El mayor Arab desmintió que él hubiera señalado el lugar. Nunca se supo quién había engañado a Bertolotti y al presidente Vázquez.

En su testimonio ante el tribunal, Bertolotti explicó que la situación política era cambiante y que su intención consistía en negociar con el Poder Ejecutivo, con prescindencia de la Justicia, para dilatar las definiciones. Dijo que su situación era absolutamente inusual porque, a diferencia de otros comandantes en jefe en gobiernos que actuaban «a rajatabla» con la doctrina del Ejército, él estuvo obligado a obedecer al mando superior, aun en contra de su propio criterio. Sin embargo, la situación cambió radicalmente cuando Interpol pretendió detener a los coroneles Ernesto Ramas, Gilberto Vázquez y Jorge Silveira para ejecutar un pedido de extradición de la Justicia argentina. Gonzalo Fernández explicó al general Córdoba que se trataba de una decisión judicial. Córdoba le dijo a Fernández: «Nosotros no queríamos, y yo personalmente no quería, un golpe de Estado», sugiriendo que el peligro era latente.

Bertolotti explicó que hizo gestiones para evitar la detención y logró que los requeridos fueran alojados en la sede de la División de Ejército 1. Pero sus explicaciones ante la Junta de Oficiales Generales fueron recibidas como una «traición a la doctrina». «No hay opción, serán citados por la Justicia», comunicó Bertolotti a los directamente interesados. En ese caso, serían enviados a Argentina, «donde las condiciones en las cárceles son terribles». A menos que se aceptara la postura del gobierno de obtener «cuatro cabezas»; en ese caso, serían procesados en Uruguay y pasarían ocho años en una cárcel especial. El general Córdoba manifestó su total desacuerdo: «Si [las detenciones] son por temas de la lucha antisubversiva, yo les voy a dar protección». Córdoba explicó en el tribunal: «Yo no transmitiría esa orden a mis subordinados y no la iba a cumplir, y si él [Bertolotti] mantenía la orden, yo dejaba el cargo o él me relevaba». Así fue. Córdoba agregó que «durante esos dichos no hubo ninguna manifestación de parte de sus pares». Sin embargo, manifestó que «los oficiales generales no compartían la actitud asumida por el Poder Ejecutivo, y así se lo plantearon al comandante en jefe».

Tanto el general Galarza como el coronel Pomoli y su hermano, el general Santiago Pomoli, consideraron que la actitud de Bertolotti implicaba una «traición» por «haber violado el secreto militar en que estaban comprendidos los involucrados en operaciones antisubversivas, y por las presiones sobre ellos». Los hermanos Pomoli y Galarza sustentaron la acusación de que Bertolotti era «comunista» por las reiteradas reuniones, supuestamente reservadas, que mantuvo con la ministra Marina Arismendi, acusación que Bertolotti negó enfáticamente.

El expediente del tribunal de honor consigna la revelación del coronel Pomoli sobre un plan para secuestrar al mayor Arab, considerado como el oficial que conocía la ubicación del enterramiento de los restos de María Claudia García. Según un relato del coronel Jorge Silveira en otro tribunal de honor, el teniente coronel Juan Carlos Rodríguez Buratti, el mayor Arab y el policía Ricardo Medina fueron quienes condujeron a María Claudia hasta el Batallón 14 de Infantería. De acuerdo con la síntesis del tribunal sobre las declaraciones del coronel Pomoli, ocurrió «la planificación de un posible secuestro al [sic] ex Mayor Arab con la anuencia del Tte. Gral. Bertolotti, el que casualmente habría sido suspendido alrededor de la fecha de las manifestaciones que el Coronel [Pomoli] hiciera sobre la condición de “traidor, mentiroso y comunista” del Tte. Gral. Bertolotti». A tales efectos se había obtenido un automóvil en Rivera. Los generales miembros del tribunal simplemente consignan la revelación. Otra afirmación de Pomoli se refiere a que «el general Pírez le había comentado telefónicamente que tenía conocimiento de la vigilancia a algunos [oficiales] retirados, y un plan del Comando General del Ejército para detenerlos».

En cambio, el operativo de inteligencia sobre la chacra que era propiedad del general Raúl Villar, en Canelón Grande, Canelones, intensificó el malestar de los generales hacia el comandante en jefe. El operativo fue supervisado por el coronel Raúl Gloodtdofsky, jefe del Estado Mayor Personal de Bertolotti, a partir de una denuncia de un exsoldado. Dicha denuncia establecía «que se estaría planificando atentar contra la vida del Señor Presidente». El exsoldado afirmaba que, en esa chacra, su dueño «hacía reuniones, tenía un campo de entrenamiento, se juntaba con militares e iba a atentar contra el Presidente, con una moto cargada de explosivos, y, por si fallaba, tendrían un avión con explosivos». Ni el teniente general Bertolotti, ni el coronel Gloodtdofsky, ni el capitán Neves [no consta en el documento su nombre de pila], de inteligencia, consideraron descabellada la versión y decidieron instalar una vigilancia sobre el predio rural. Finalmente, se estableció que la chacra pertenecía al general Raúl Villar. El general Carlos Díaz, que estaba presente cuando el coronel Gloodtdofsky informó a Bertolotti las novedades, le advirtió al comandante que si no informaba al general Villar sobre el operativo, entonces él, Díaz, lo haría. Recién entonces se suspendió la operación de inteligencia y Bertolotti pidió excusas a Villar en una reunión con generales. El ex comandante en jefe  había convocado en 2005 a una conferencia de prensa en la que había relativizado la existencia de un  operativo de vigilancia sobre la chacra, aunque el punto no pareció quedar del todo esclarecido, y en los hechos volvió a aflorar en el tribunal.

Para Bertolotti, la situación era tan crítica que no se podían descartar tales episodios. De hecho, las reuniones «paralelas» de mandos militares se multiplicaron cuando la Justicia inició el juicio sobre la desaparición de Adalberto Soba, ocurrida en Buenos Aires en 1976. Un año después, Bertolotti argumentaría que fue el gobierno de Vázquez el que modificó «la doctrina» cuando, a fines de 2005, debió trasladarse al exterior para ser operado. Dijo en el tribunal de honor: «Hasta 2004 se respetó en un todo la ley de caducidad y, cuando algún juez buscó soluciones alternativas, se crearon situaciones conflictivas que siempre el Poder Ejecutivo las solucionó a pedido de los comandos, previendo preservar la vigencia de compromisos tácitos asumidos, que siempre estuvieron sintetizados en aquella expresión, que fueron temas no tratados directamente, pero que estuvieron siempre sobrevolando y subyacentes».

El problema lo heredó el general Carlos Díaz cuando, en febrero de 2006, fue designado como comandante en jefe. Duró hasta octubre de ese año, cuando fue relevado y pasado a retiro porque el coronel Gilberto Vázquez, recluido en el comando de la División de Ejército 1, urdió una enfermedad y logró ser trasladado.

El coordinador general de la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado (Dinali), Daniel Fernández, conversó con La Mañana acerca del trabajo que la institución lleva adelante tanto con el sector público como con el privado, con el objetivo de crear nuevas herramientas destinadas a la recuperación y posterior inserción en la sociedad de aquellas personas que egresan del sistema penitenciario.

El cometido principal de la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado (Dinali) es la inserción social, educativa y laboral de las personas que salen de la prisión. Para lograrlo, la institución trabaja en generar oportunidades a través de la articulación con otras dependencias del Estado, pero también con empresas privadas. Además, busca dar a conocer las experiencias y casos de éxito, sobre todo, en el entendido de que puede haber ciertos prejuicios a la hora de contratar personas que estuvieron privadas de libertad.

Pero, ¿dónde radica la importancia de poder concretar esa inserción educativa o laboral de los egresados del sistema carcelario? Para el coordinador general de la Dinali, Daniel Fernández, la persona que cometió un delito y, en algunos casos, incluso reincidió, “no debe darse por perdida”. Por esto, no hay filtros para acceder a estas herramientas, que están dirigidas a todos aquellos que quieran buscar una segunda oportunidad.

En conversaciones que Fernández ha tenido con los liberados que están trabajando en la modalidad de pasantía gracias a esta política, las devoluciones han sido “positivas”, dado que todos aducen que se sienten “valorados” y con “entusiasmo” al poder atravesar ese proceso, que luego les servirá como punto de partida para una inserción estable en la sociedad.

El foco puesto en la educación y el trabajo

Hasta el año pasado, la Dinali dependía del Ministerio del Interior. Sin embargo, tras un acuerdo entre los ministros del Interior, Luis Alberto Heber, y de Desarrollo Social, Martín Lema, se definió su pasaje a la cartera liderada por este último. Luego de este cambio, se puso el foco en el área educativa y laboral.

De esta forma, los equipos técnicos de la dirección empiezan a trabajar con la población carcelaria seis meses antes del egreso, en coordinación con el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR). Lo que se busca es el asesoramiento a los presos, pero también a sus familias, de modo que cuando queden en libertad, puedan acercarse a las oficinas de la institución y así contar con el acompañamiento técnico para obtener una oportunidad laboral o educativa. Esta dependencia reúne distintos perfiles que quedan a la espera de una convocatoria.

En este marco, continuamente se intenta captar nuevos cursos. Por ejemplo, recientemente se dictó un curso de galletería con la UTU en una panadería dentro de los talleres de Dinali. Aparte del convenio con este centro educativo, que abarca diversos oficios, existe otro con Inefop, a través del cual se realizan distintos talleres. El propósito es que estas experiencias de formación puedan redundar en futuras posibilidades laborales.

La importancia de crear nuevos convenios y sus beneficios

En este momento hay unos 250 liberados de las cárceles que están haciendo una pasantía laboral, mientras que cerca de 330 están en lista de espera. Para atender estos casos y dar una respuesta más inmediata, la entidad ha salido en busca de la generación de más oportunidades y hoy es allí donde tiene el foco puesto.

“La mayoría de los que salen del régimen penitenciario necesitan” herramientas de este tipo, opinó Fernández. Es por esto que se trabaja fuertemente en los convenios vigentes, pero todavía hace falta crear nuevos.

Consultado acerca de cuáles son los beneficios para las empresas que hacen estas contrataciones, explicó que, en lo que respecta al sector público, las instituciones del Estado tienen la practicidad de poder contar con una dirección estatal que ofrece capital humano mediante una contratación sencilla y que a su vez se complementa con un acompañamiento técnico. En tanto, en referencia a las empresas privadas, muchas tienen un enfoque en la responsabilidad social empresarial, a lo que se suma la posibilidad de obtener una exoneración de aportes patronales. Igualmente, comentó que la contrapartida de hacer un aporte a la sociedad es lo que las compañías más destacan.

Un tratamiento integral del privado de libertad

De acuerdo al director, la incorporación de la Dinali al Ministerio de Desarrollo Social (Mides) fue fundamental, puesto que la población debe ser “contemplada por el Estado en su conjunto”. En ese sentido, afirmó que en el caso de los individuos que están en prisión, las instituciones desarrollan las tareas de manera coordinada. Por ejemplo, el Mides tiene equipos técnicos que trabajan dentro de las unidades carcelarias.

Según el censo de personas en situación de calle llevado adelante en 2020, más del 50% de esos ciudadanos tuvieron un pasaje por el sistema penitenciario, o sea, cometieron algún delito y estuvieron privados de libertad. “Eso justifica que el Mides ponga el foco sobre esta población” y fue así que se dio este traslado de un ministerio al otro, señaló Fernández.

En segundo lugar, enfatizó en el modelo de abordaje territorial, que también está cambiando. En este contexto, los recursos humanos y técnicos de la Dinali que actualmente se en encuentran trabajando en seccionales policiales, pasarán a formar parte de las oficinas territoriales del Mides en cada uno de los departamentos a lo largo y ancho del país, para poder, de ese modo, trabajar coordinadamente con los distintos programas de la cartera. Los referentes de la institución están trabajando con los directores departamentales, y en algunos departamentos ya comenzó la migración de esos recursos para las oficinas territoriales.

En relación al fortalecimiento de la atención de salud mental y el tratamiento de adicciones, que en una enorme cantidad de casos son servicios necesarios para los reclusos y los egresados de las cárceles, el entrevistado contó que hay un trabajo mancomunado tanto con el INR como con la Junta Nacional de Drogas (JND).

Asimismo, en el marco de la Rendición de Cuentas que se aprobó en Diputados y pasó a la órbita del Senado, el Mides ha pedido refuerzos económicos para potenciar el área de salud mental y adicciones que forma parte de su estructura organizacional, medida que tiene como uno de sus cometidos la consolidación del equipo técnico para atender estos casos vinculados al régimen carcelario.

Oportunidades laborales en obras públicas

La ley 17.897, en su artículo 14, establece que las empresas que licitan obra pública tienen que conformar su plantilla con un 5% de personas que egresan del sistema penitenciario. Es por ello que la Dinali también trabaja en la articulación con los distintos organismos del Estado como el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, de forma que se cumpla esta normativa a la hora de armar los pliegos.

Además, en el mismo artículo se establece que el Poder Ejecutivo debe articular con los gobiernos departamentales al momento de contratar o licitar obra pública para que también se incluya en sus pliegos.

Esto permite que “naturalmente” las empresas que liciten para el Estado en materia de obras, reciban postulaciones de aquellas personas que conforman la bolsa laboral de la dirección coordinada por Fernández.

Caminar los pasillos de Canal 10 junto a César Sanguinetti es, por estos días, toda una experiencia. Cada persona que se cruza tiene algo para decirle: que es el hombre del momento, que siga así, que qué sensación, que para cuándo otro video. A todo, él responde con una carcajada que le sale de lo hondo del pecho y le llena la cara.

Es la carcajada del César Sanguinetti de Castillos, que también es el presentador de noticias internacionales en Subrayado, el informativo más visto de la televisión uruguaya. Y también es el que hace 10 días descolocó a espectadores y curiosos al bailar, de traje y corbata, el challenge del momento en TikTok: la coreografía de “Despechá”, el último hit viral de la española Rosalía.

Al cierre de esta nota, el video acababa de llegar a las 100 mil reproducciones en su cuenta de Instagram, que había duplicado la cantidad de seguidores y triplicado la interacción. Ahora, Sanguinetti se encuentra cada tanto navegando entre una serie de mensajes y notificaciones que le dicen cosas como esta: que sus apariciones le cambiaron el día a alguien, que su baile alivió una angustia, que su impronta renueva los noticieros.

“Me río de mí mismo y digo que hace 17 años que trabajo en Canal 10 y me hice famoso por un baile de 40 segundos. O soy muy mal periodista o soy muy buen showman”, dice César Sanguinetti y lanza una de esas carcajadas estruendosas.

Después se pone serio: “Porque yo vengo de un pueblo donde la gente se mata, y se mata mucho; el suicidio es un tema muy serio y la salud mental me parece muy importante. Y qué bueno que podamos ver que hay gente que precisa que le acerquemos un profesional, porque sola no puede. Y sacarle una sonrisa a esa gente para mí fue un montón, no es algo para lo que estaba preparado. Me emocioné muchísimo”.

En Instagram, ahora, hay una cuenta en desarrollo que se llama @fanscesarsanguinetti.uy.

¿Y en la vida real, qué?

“Creo que la novedad es que un tipo, presentador de noticias del noticiero más visto del país, se pone a bailar cosas de TikTok que hacen los jóvenes de 15, 18, 20. Rompe los ojos, rompe la solemnidad, porque además le di contexto: me puse el traje, la corbata, sabía que tenía que darle institucionalidad. Ahora, ¿la frontera cuál es? No sé hasta dónde jugar”, reflexiona Sanguinetti en charla con El País. “Tampoco quiero que se vuelva una adicción. Porque las redes están pensadas para eso: los ‘me gusta’ son estímulos sensoriales permanentes a tu ego, y esos estímulos pasan a ser más importantes que tu realidad. No estaba acostumbrado. Se me fue de las manos, porque no lo conozco”.

Sanguinetti conoce de otras cosas. Conoce, por ejemplo, de Castillos, ese pueblo en el filo de la alegría y el dolor, ese que cada diciembre se llena de energía y adrenalina y visitas y dinero y ruido y bullicio y vitalidad y que cada marzo, cuando los turistas dejan Rocha, tiene que “cerrar la tranquera y aguantar”.

Conoce del furor que se termina y por eso sabe que el de “Despechá”, como el de su video, se va a terminar.

Este es, digamos, su verano.

Y cuando pase, él seguirá siendo el César Sanguinetti de Castillos.

“Nada en esta vida me emociona como me emociona mi pueblo, porque le soy eterno agradecido, porque soy producto de una escuela y un liceo público, porque hice amigos que me siguen hasta hoy y son mis guardaespaldas de la vida, y ahí están mis padres que son lo que más quiero en esta vida junto a mis hijos y mi esposa, y ahí está mi abuela que la adoro, mis hermanas, mis sobrinos… Creo que el cuadro de valores que formé en la vida lo forjé ahí y lo que soy viene de ahí. El resto es cotillón”, dice. “Mis bases más sólidas pertenecen a Castillos, ¿entonces cómo no voy a definirme como castillense si mi alma está ahí? Todo lo demás son agregados. Y cuando las cosas se ponen duras me voy ahí, y es donde se me define todo. Es lo único que soy en la vida. No sé si soy periodista, presentador, no sé si soy… Pero de que soy castillense, no tengo dudas”.

En la radio, como columnista internacional y eventualmente musical en el programa Todo pasa de Océano FM que supo conducir su amigo Mariano López, Sanguinetti entendió que ese, el castillense, el divertido y el desfachatado, podía convivir perfectamente con el solemne de la televisión. Y entonces se empezó a soltar.

Ahora, esa soltura la exprime en Subrayado Tarde, la mesa de noticias que antecede a la edición central de Subrayado y en la que, con María Noel Marrone, Nano Folle y Danilo Tegaldo, da información “seria” pero también descontracturada, e introduce música y alguna tendencia.

Después, en el espacio que lidera Blanca Rodríguez, se modera y cambia el tono. “Pero me hace muy feliz saber que puedo hacer lo que me gusta de la forma que me gusta, y que el canal me respalda”, dice a propósito de su reciente viralidad. “Porque nadie vino a decirme nada”.

Si todavía tiende a la duda a la hora de definirse como periodista es porque ve, en algunos de sus compañeros, a personas que llevan la vocación en la sangre. Él, sin embargo, iba para profesor de Historia o Literatura cuando por una Copa América terminó haciendo radio en Rocha. Después estudió Comunicación, llegó al programa deportivo Punto Penal, recorrió todas las áreas de Subrayado y terminó en la sección internacional, que se liga con la historia y que le da perspectiva del mundo. Sueña, sin embargo, con hacer un late night show. “Pero es un sueño y nada más”, aclara por si acaso.

Sanguinetti ya llevaba años de trabajo y ya era padre cuando finalmente se recibió de licenciado. Esa mañana, tras defender la tesis, su festejo fue solitario en algún bar de la zona de Tres Cruces. Comió una muzzarella con aceitunas, tomó una improvisada grapa con limón, y pensó en eso que acababa de hacer por sus padres, para sus padres.

Hoy, su vida está en Montevideo, pero el título, con las raíces, con todo lo demás, está en Castillos. Ahí donde va cada vez que algo le pesa. Ahí, en el único lugar que lo define.

Por: Belén Fourment

Dicen que los uruguayos somos grises y aburridos, pero que al menos una vez al año salen padres, hijos, abuelos y nietos a distintas fiestas y con una misma excusa. Desde hace más de 40 años y, por ley, desde 2004, el 24 de agosto es sinónimo de Noche de la Nostalgia.

El hombre detrás de esta marca es Pablo Lecueder, hoy empresario y director de Océano FM, y apenas un muchacho de 20 años cuando, sin saberlo, marcó un antes y un después en la movida nacional.

En la previa a un nuevo festejo, Lecueder repasó con El País la historia de la fiesta más icónica del Uruguay.

«Con nueve años escuchaba a The Beatles, los Rolling Stones, Simon & Garfunkel o The Carpenters porque tenía hermanos mayores. Con 16 años ya estaba en radio Panamericana, con el programa Old Hits.

Para 1978 tenía 20 años y me había convertido en director de Radiomundo, y un día surgió la idea de hacer una fiesta de Old Hits. Decidimos alquilar un boliche y que la propuesta sea solo música de ese programa. Y quería hacer la fiesta en Zum Zum porque era el lugar de moda, pero no tuve suerte.

Conseguí un plan B, Ton Ton Metek, que quedaba en los lagos de Carrasco. El problema era que no te lo alquilaban un viernes o sábado. La única forma era apostar a la víspera de un feriado, pero nunca se sabe qué público puede haber.

Para nosotros era lo mismo la fecha. Así que agarré el calendario, empecé a mirar el próximo feriado y, calculando el tiempo para organizar y promocionar la fiesta, era el 24 de agosto. Fue totalmente al azar.

Hoy te dicen 24 de agosto y ya saber qué esperar. Al ser un feriado inamovible hay una relación íntima entre la fiesta y la fecha, pero fue de casualidad.

Yo no inventé “la fiesta de música vieja”, inventé La Noche de la Nostalgia. Fue simple, pero jamás pensé que fuera a tener esta repercusión.

Decidimos ponerle un nombre para promocionarla y me acuerdo de escribir con un lápiz, en un cuaderno cuadriculado: “La noche de la nostalgia”.

Esa primera vez llenamos el lugar y la gente se divirtió. Nosotros siempre fuimos juguetones, hacíamos algún sorteo, poníamos buena música y efectos para que la gente se riera. Por ejemplo, estaba sonando el tema “Je t’aime… noi non plus” de Gainsbourg y Birkin, y entre los aullidos se cortaba la música y sonaba Víctor Hugo Morales diciendo: “Tatatata, ¡goooool!”, y seguía el estribillo de la canción. Le poníamos esas cosas y estuvo divertida, pero fue una fiesta.

Creo que el éxito se debió a que la cuidamos, a que no se hizo otra enseguida. Al año siguiente nos dijimos de repetir La Noche de la Nostalgia y surgió hacerla de nuevo el 24. La hicimos en Ton Ton y volvió a reventar. Después la hicimos en Lancelot y un par de años después en Zum Zum y Lancelot en simultáneo. Estuve yendo de un lugar al otro y en el trayecto pasé por el Hotel Oceanía, y había una carpa afuera con un mundo de gente. En Tarot estaba igual.

No sé si había un botón en los uruguayos que alguien tenía que hacer una noche para recordar. Alguien tenía que inventarlo, porque parece que ya estaba en el ADN. Pero en qué va a terminar esto, no sé. Capaz que un día se cansan”.

Las razones que motivan la necesidad de una reforma y los objetivos que deberían ser priorizados durante el próximo proceso de consideración del proyecto en el Parlamento son temas ciertamente complejos, que se vinculan de forma directa a la vida de la mayoría de los uruguayos.

Cuando se habla de reforma de la seguridad social, ¿a qué instituciones se refiere?

El actual proceso de reforma, considera únicamente al sistema de pensiones que cubre los riesgos de invalidez, vejez y sobrevivencia, identificados habitualmente como riesgos IVS. Las prestaciones del sistema, cuyo objetivo es atender estos riesgos, son las jubilaciones (comunes, por invalidez, por edad avanzada), pensiones no contributivas, pensiones de sobrevivencia, y subsidios transitorios por incapacidad parcial.

El sistema encargado de brindar estas prestaciones en nuestro país está integrado por un bloque principal que nuclea a la mayoría de los trabajadores cotizantes y pasivos, así como por subsistemas paralelos (más pequeños) que nuclean a diversos sectores de actividad. La conformación del primer bloque está dada por el BPS, las Administradoras de Ahorro de Fondos Previsionales (AFAP’s) y las compañías aseguradoras, mientras que los subsistemas secundarios son la Caja Notarial, Caja Bancaria, Caja de Profesionales Universitarios, y los servicios de retiros militar y policial.

De esta forma, quedan por fuera del proceso actual de reforma otro conjunto de instrumentos que, junto con las prestaciones anteriores, son parte de la red de protección social del Estado. Entre estas podemos mencionar, por ejemplo, el seguro por desempleo, la asistencia de la salud, prestaciones en caso de pobreza o indigencia, asignaciones familiares, entre otros.

¿Cuántas personas están involucradas en esa reforma, o deberían estarlo?

El proyecto abarcaría a la totalidad del sistema, es decir, no solo a los trabajadores de BPS sino también de las tres cajas paraestatales y los servicios de retiro policial y militar. Son casi 1.250.000 cotizantes de todos los subsistemas, de los cuales, aproximadamente el 85% tienen menos de 55 años y, por lo tanto, estarían dentro del conjunto de la población que sufriría algún tipo de modificaciones en su régimen jubilatorio. 

¿Cuál es la trayectoria de la actual ley de Previsión Social y sus antecedentes fracasados?

El bloque principal del sistema actual se estructura, principalmente, a partir de la Ley No. 16.713 del 3 de noviembre de 1995, la cual entró en vigencia a partir de abril de 1996. A partir de este momento, el bloque principal del sistema de seguridad social en Uruguay se caracteriza como un sistema mixto, que incluye un pilar de reparto y uno de capitalización individual.

Esta ley, que fue aprobada durante el segundo gobierno de Sanguinetti, tiene como antecedente una discusión prolongada en el período anterior (1990-94) donde existieron diversos proyectos de reforma que no lograron concretarse, incluyendo la derogación de uno de ellos, a través de un recurso de referéndum. No obstante, este proceso previo de discusión determinó que la seguridad social se posicionara como un tema importante en la agenda pública, con un relativo consenso en torno a la necesidad de realizar ajustes y transformaciones estructurales, similar a lo que está ocurriendo en este momento.

Desde la reforma del 96, el sistema mixto ha perdurado y solamente se han introducido algunos cambios paramétricos. Dentro de estos, destaca la reforma del 2008, que constituye la última adecuación significativa del bloque principal. En dicha instancia, sin modificar el funcionamiento del régimen mixto, se introdujeron algunas flexibilizaciones de acceso a las jubilaciones, además de una disminución general de los años de aportes requeridos, ante un diagnóstico que anticipaba problemas de cobertura, en caso de mantenerse los parámetros establecidos originalmente.

¿Cuáles fueron las principales diferencias entre el proyecto del gobierno Lacalle y el de 1996 del gobierno Sanguinetti?

Los proyectos que se discutieron en el período 90-94, incluyendo la ley revocada por referéndum, no eran en su estructura muy diferentes al proyecto finalmente aprobado en noviembre de 1995. Ninguno de los proyectos previos llegó a proponer un modelo de capitalización puro, del estilo chileno, a pesar de ser un tipo de modelo que a nivel regional tenía creciente popularidad, contaba con el apoyo de organismos internacionales y podría decirse que estaba en línea con otras reformas que venía impulsando el Gobierno de Lacalle.

¿Quiénes votaron la ley de 1996?

La reforma de 1996 fue apoyada por los representantes de la coalición oficialista en ese momento (Partido Nacional y Partido Colorado), a lo que se sumaron los votos del Nuevo Espacio. La reforma tuvo la oposición en el parlamento del Frente Amplio/Encuentro Progresista.

¿En la actualidad cuales son los principales problemas que debe resolver esta reforma?

En primer lugar, la reforma debería contener la tendencia creciente del gasto en pensiones, de modo de permitir un mejor balance del Gasto Público Social, el cual, ya en el presente, evidencia un sesgo demasiado marcado hacia la población pasiva, siendo mucho más limitada la asignación de recursos a otros objetivos como pueden ser la protección a la infancia, sistema de cuidados etc.

Uruguay está ingresando de pleno en el período de envejecimiento poblacional, caracterizado por el crecimiento de la población dependiente respecto a la población activa. El envejecimiento poblacional determina qué, a falta de un proceso de reforma, el gasto del sistema de seguridad social adopte una trayectoria creciente, que podría derivar en un problema serio de sostenibilidad financiera, con las evidentes consecuencias que esto tendría para las finanzas públicas. Las estimaciones disponibles indican una trayectoria incremental del Gasto en Jubilaciones y Pensiones, cuyo financiamiento se tornaría, particularmente, dificultoso en el transcurso de las próximas décadas. Moderar estas presiones y garantizar la sostenibilidad financiera del sistema es, sin dudas, el primer gran objetivo de la reforma.

En segundo lugar, es importante tener un mayor control y generar una mejor focalización de las transferencias implícitas en las pasividades para evitar problemas de inequidades intrageneracionales que están actualmente presentes en el sistema. En un trabajo reciente que realizamos desde el Observatorio de Seguridad Social de CINVE, analizamos la distribución de transferencias implícitas en las jubilaciones en Uruguay, encontrando resultados que reflejan un diseño inadecuado.

A modo de ejemplo, en el caso de BPS los subsidios implícitos presentaban un patrón claramente irregular, siendo máximos en el quinto decil en el caso de los hombres y en el octavo en el caso de las mujeres. Los cambios a realizar deberían permitir focalizar con mayor énfasis las transferencias del sistema en los individuos de mayor vulnerabilidad, generando un patrón de subsidios decrecientes según el nivel de ingresos de las personas. La mejor focalización de las transferencias de seguridad social, es el camino indicado para lograr contener el crecimiento del gasto en pensiones minimizando los impactos sobre la exitosa protección social que hoy disfrutan los adultos mayores en Uruguay.

Vinculado al punto anterior, un objetivo importante de la reforma debe consistir en reducir las desigualdades que existen en el tratamiento del régimen jubilatorio a los diferentes individuos según el sector de actividad o subsistema que los cubra. Es necesario revisar los regímenes excepcionales y corregir situaciones que hoy implican un trato favorable para ciertos colectivos de forma injustificada.

Finalmente, un punto adicional importante consiste en fortalecer la regulación del sistema. La relativamente débil regulación existente en la actualidad sobre el sistema es algo que llama la atención atendiendo al volumen del gasto involucrado.

¿Se pueden afectar derechos vigentes o los cambios solo pueden ser para el futuro?

Lo que se plantea el anteproyecto que el Poder Ejecutivo divulgó en los últimos días entre los partidos de la coalición oficialista y el Frente Amplio, implica la modificación de las condiciones jubilatorias a futuro, para las personas nacidas a partir de 1967, sin afectar a quienes ya están jubilados o muy próximos a jubilarse.

Esto, sin embargo, no necesariamente tendría por qué ser así. En reformas recientes de algunos subsistemas como la Caja Bancaria y la Caja Notarial de seguridad social, se han implementado contribuciones de los pasivos para lograr la sostenibilidad financiera de los sistemas y no descartaría que la solución para la Caja de Profesionales Universitarios incluya, también, algún tipo de contribución por parte de los pasivos.

La contribución de los pasivos a la solución financiera del sistema en muchos casos tiene un claro sentido de justicia intergeneracional. Si el desbalance financiero se generó por un tratamiento actuarialmente favorable otorgado a las generaciones que hoy son pasivos, tiene sentido que estas generaciones, también, contribuyan para solucionar el problema.

¿Hay temas especialmente sensibles en esta reforma, o que necesariamente deberán atenderse?

Como comentaba previamente, es necesario garantizar la sostenibilidad financiera del sistema. Esto implica moderar el gasto, o incrementar los ingresos. La moderación del gasto se logra reduciendo en promedio la generosidad de las prestaciones del sistema o posponiendo en promedio la edad de retiro, de forma de reducir el período durante el cual se pagan las prestaciones. Obviamente, esto constituye una medida sensible para la población, porque Uruguay sigue siendo un país de renta media, donde las pasividades, si bien en términos relativos al resto de los ingresos pueden no ser reducidas, en términos absolutos podemos estar hablando de montos que no son elevados. La opción de incrementar los ingresos públicos también es un tema sensible, puesto que implica una mayor carga tributaria, tema muy discutido y que siempre genera resistencia en los sectores potencialmente afectados, pero, también, a nivel del conjunto de la sociedad que suele ser reticente a aceptar una mayor carga impositiva.

Decíamos que, además, se requiere solucionar problemas de inequidades intrageneracionales que hoy están presentes en el sistema. Abordar estos problemas implica reducir beneficios a grupos que hoy reciben un tratamiento favorable. El tema del servicio de retiros militar es, particularmente, relevante para la viabilidad política de la reforma. Difícilmente, la sociedad esté dispuesta a aceptar un ajuste paramétrico para el régimen general si los colectivos que al día de hoy tienen un tratamiento más favorable no son afectados. Revisar todo el sistema de regímenes especiales y bonificaciones existentes en el sistema también es un tema que es necesario abordar y que lamentablemente queda prácticamente omitido en el actual anteproyecto.

¿Se necesitan mayorías especiales para aprobar la nueva ley?

No se necesitan mayorías especiales para la aprobación de este tipo de ley, por lo que la actual coalición oficialista, si logra un acuerdo interno, podría llevar adelante la reforma, sin necesidad de contar con votos del Frente Amplio.

No obstante, dado que este tipo de reformas están diseñadas para su aplicación en plazos largos, que superan ampliamente un período de gobierno, sería deseable la existencia de acuerdos que incluyan a la oposición política, así como a los principales actores sociales involucrados.

A día de hoy no parece sencillo que ocurra un escenario de consenso. Existen legítimas diferencias entre los diferentes sectores políticos respecto a sus preferencias por el tamaño y financiamiento del Estado de Bienestar, del cual el sistema de seguridad social es un componente central. El informe de recomendaciones de la Comisión de Expertos de Seguridad Social fue aprobado por todos los representantes del oficialismo, pero no contó con la aprobación de los representantes del Frente Amplio, ni tampoco de las representaciones de los jubilados y de los trabajadores. Luego de esto no parecen haber existido nuevos acercamientos, por lo que difícilmente un proyecto de ley basado en un informe de recomendaciones que no fue capaz de generar consenso en esa instancia, lo haga ahora.

Adicionalmente, el hecho de que el anteproyecto presentado no cuente con el respaldo explícito de toda la coalición oficialista dificulta la negociación con la oposición y resto de grupos involucrados (jubilados, trabajadores, colectivos cubiertos por los subsistemas, etc.).

Negociar siempre implica ceder en materia de lo que serían las preferencias de cada una de las partes, y para tener claro cuánto uno está dispuesto a ceder, es importante conocer cuánto cedieron todos los demás involucrados. En este sentido, es difícil saber hasta dónde ceder si existen muchas negociaciones paralelas, dentro de la coalición oficialista, con la oposición, con grupos de presión etc. La existencia de un proyecto con respaldo de toda la coalición de gobierno, y por lo tanto factible de ser aprobado, facilitaría de forma importante el proceso de negociación de cara a la aprobación final de una reforma.

¿Cuándo se sentirían los efectos de los cambios?

Podemos diferenciar lo que son los efectos a nivel individual de los efectos macroeconómicos.

A nivel individual, los efectos comenzaran impactar de forma progresiva desde el momento que comience a estar vigente la transición, que según lo que se ha dado a conocer ocurriría, a partir del año 2027. A partir de este momento, quienes configuren causal jubilatoria irán progresivamente incorporando los nuevos parámetros para el cálculo de las prestaciones. Adicionalmente, las generaciones nacidas después de 1967 serán afectadas por el incremento de la edad mínima de retiro a razón de un año adicional de edad por año calendario, hasta alcanzar la edad mínima de 65 años.

A nivel de las finanzas del sistema, los impactos comienzan a observarse de forma significativa más tarde, una vez que comiencen a acumularse varias generaciones cuyas pasividades se encuentren determinadas por las nuevas reglas. Esto probablemente requiera de al menos unos 15 o más años de vigencia de la reforma. 

¿Cuánto le cuesta al Estado en su conjunto el actual sistema y los déficits del BPS y de otras cajas?

El financiamiento de todo el sistema de pensiones involucra, aproximadamente, un gasto público del orden de 10 puntos del PIB. Las proyecciones realizadas por los equipos técnicos que apoyaron el trabajo de la Comisión de Expertos en Seguridad Social sugieren que, en la segunda mitad del siglo, el gasto se incrementaría hasta casi el 13% del PIB, generando de esta forma, en ausencia de reforma, la necesidad de incrementar el esfuerzo de financiamiento en 3 puntos porcentuales del PIB, esfuerzo que representa algo más del 10% de la totalidad de los ingresos actuales del sector público.

¿Cuánto sería una cifra sostenible del déficit del sistema?

Pensar en términos de déficit en cuestiones de seguridad social no es lo más correcto, sobre todo porque el déficit que se menciona habitualmente suele estar asociado a la asistencia financiera que se realiza al sistema, la cual se computa luego de considerar fuentes de financiamiento que no tienen que ver con contribuciones a la seguridad social, cómo es el caso de los impuestos afectados al BPS o de tasas de aporte patronales atípicamente elevadas como en el caso de los servicios de retiro militar y policial, por ejemplo. En este sentido, el déficit del sistema podría reducirse de forma artificial simplemente asignando por ley impuestos adicionales cuyo destino fuera el financiamiento de la seguridad social o incrementando aún más los aportes patronales en empleados públicos. En este caso, uno vería reducirse o incluso eliminarse el «déficit» contable, pero el esfuerzo presupuestal de financiamiento de la seguridad social no cambiaría en absoluto.

Debido a esto, lo importante es analizar la trayectoria del gasto en seguridad social, es decir, que tantos recursos la sociedad debe destinar a este propósito más allá de la fuente de financiamiento utilizada. En este sentido, una trayectoria creciente del gasto en términos del PIB representaría un problema de insostenibilidad porque, más tarde o más temprano, implicará la necesidad de incrementar la presión tributaria o desplazar otros gastos. Eso es justamente lo que se proyecta actualmente, es decir, a día de hoy no estaría completamente resuelto el problema de cómo financiar las prestaciones a futuro siendo necesario realizar correcciones en la trayectoria del gasto o de los ingresos para asegurar la sostenibilidad del sistema.

¿La reforma propuesta solucionaría el problema de sostenibilidad? ¿De qué manera lo hace?

Según las estimaciones que han presentado los impulsores de la reforma, el proyecto permitiría garantizar la sostenibilidad financiera del sistema. Cabe señalar que el anteproyecto divulgado no incorpora innovaciones desde el punto de vista del financiamiento, por lo que la sostenibilidad se recupera, exclusivamente, a partir de ajustes en la trayectoria esperada del gasto.

Recuperar la sostenibilidad financiera del sistema por el lado del gasto requeriría estabilizar la trayectoria del mismo en términos del PIB, de modo de mantener constante el esfuerzo actual de financiamiento. Según las proyecciones divulgadas, el anteproyecto se plantea objetivos más ambiciosos en términos de reducción del gasto, puesto que se espera lograr una reducción del gasto en seguridad social a largo plazo, del orden de un punto porcentual del PIB.

Aquí es donde claramente entran a jugar matices asociados a preferencias sobre el tamaño del Estado de Bienestar que la sociedad desea y está dispuesta a financiar y, adicionalmente, sobre qué hacer con el espacio fiscal generado. ¿El objetivo de bajar el costo en términos del PIB de la seguridad social es contar con recursos para contemplar otros objetivos? ¿Cuáles? ¿O el objetivo es reducir el costo del Estado de Bienestar para contar con un margen que permita reducir la presión tributaria, vía IASS o IRPF?

Desde mi punto de vista podría ser deseable esta moderación del gasto en seguridad social si la contrapartida fuera fortalecer otras áreas de la red de protección social del estado, buscando un mejor balance intergeneracional del gasto público social, considerando el grave problema de infantilización de la pobreza que se registra en Uruguay. Por el contrario, creo que sería un error importante apostar a una reducción del gasto en seguridad social, si el objetivo final es generar margen para reducir la carga tributaria.

Desde el punto de vista técnico no debería haber dudas sobre que el sistema de seguridad social debe contar un financiamiento que asegure su sostenibilidad a largo plazo. Sin embargo, cuál es el nivel de gasto a financiar es una discusión que involucra preferencias, que en la sociedad son diversas, lo que complejiza que se generen consensos. El hecho de que el anteproyecto concentre todo el ajuste por el lado del gasto, sin discutir innovaciones en el lado de los ingresos también es un punto débil de la propuesta, sobre todo cuando la existencia actual de exoneraciones y regímenes excepcionales generan perforaciones en materia de ingresos que deberían ser revisadas.

En el anteproyecto presentado, ¿cuáles serían a su entender los cambios que merecen valoraciones positivas y cuáles le parece que no van en la dirección correcta?

El proyecto se presentó recientemente, por lo que todavía es necesario estudiarlo mejor antes de emitir juicios definitivos. No disponemos aún de estudios rigurosos que nos permitan conocer de forma adecuada los impactos de la propuesta en materia de cobertura, suficiencia de las prestaciones o efectos distributivos. En el marco del Observatorio de Seguridad Social de CINVE estamos trabajando en esa línea y esperamos disponer en la brevedad de trabajos que vayan clarificando cuales serían los impactos esperados asociados a las modificaciones propuestas.

Ahora bien, a modo de avance, cabe señalar que la reforma propuesta pone el acento en la sostenibilidad financiera del sistema Se incluyen, también, modificaciones tendientes a mejorar la focalización de las transferencias implícitas en las prestaciones, que tienden a solucionar temas de desigualdades intrageneracionales actualmente existentes. Todos estos son objetivos son compartible y, en mayor o menor medida, encontramos en el proyecto propuestas que tienden a contemplarlos. De igual forma, es cierto que quedan varios problemas pendientes, que no han sido incorporados en el anteproyecto.

Si bien comparto la preocupación por la sostenibilidad financiera, creo que no está planteado de forma clara cuál es el objetivo final de la reforma en cuanto a la magnitud de gasto que se busca como equilibrio de largo plazo, esto es, cual es el tamaño del sistema que se pretende alcanzar. Cabe precisar, por otra parte, que no tenemos una evaluación precisa acerca de los impactos esperados de la propuesta de reforma en términos de cobertura, suficiencia de las prestaciones o efectos distributivos de los ajustes paramétricos sugeridos para el nuevo cómputo de jubilaciones. Es importante garantizar la sostenibilidad financiera afectando en la menor medida posible las fortalezas actuales del sistema en estos aspectos. Entre los aspectos positivos a destacar mencionaría, además, que la propuesta de reforma incluye en el cálculo de las jubilaciones un nuevo elemento denominado suplemento solidario, que se calcula en función de los aportes realizados por los beneficiarios de esta prestación. Creo que el diseño propuesto es interesante y que permite una mejor focalización de los subsidios otorgados a través de este tipo de prestaciones. Por el lado negativo creo que la omisión total de discusión en lo que se refiere a la parte de los ingresos del sistema es un debe significativo del proyecto.

Veo, también, como positivo que se promueva la existencia de un ente regulador del sistema, aunque aún tengo pendiente profundizar el análisis sobre el diseño institucional que se otorgará a esta entidad.

Un aspecto adicional a destacar es que la propuesta propone una transición larga, lo que demuestra que el problema estaría siendo abordado a tiempo, más allá de algunos planteos más sensacionalistas que se manifestaron en los últimos años que daban a entender que estábamos ante una bomba a punto de estallar.

Otro tema a mencionar es que la reforma busca generar un proceso de convergencia entre subsistemas, apuntando a reducir o eliminar los diferentes tratamientos que coexisten en la actualidad. La idea de convergencia podría sugerir la eliminación completa de las inequidades existentes en el sistema, en la medida en que aparentemente todos los contribuyentes pasarían a estar contemplados por el mismo régimen jubilatorio. Sin embargo, la convergencia propuesta dista mucho de ser completa.

A modo de ejemplo, en los subsistemas militar y policial se mantienen los causales de retiro obligatorio tempranos (si bien tienen un corrimiento en las edades equivalente al propuesto para el régimen general), los cuales constituyen uno de los principales factores que torna a esos sistemas más generosos en términos actuariales. Por otro lado, persisten las formas de tributación asociadas a trabajadores independientes basadas en fictos, las que presentan un tratamiento actuarial con significativas diferencias respecto a los regímenes de aportación por ingresos reales, y se mantienen regímenes excepcionales, como el de la denominada Caja Rural, donde el sistema termina implicando que los aportes patronales sobre los salarios son significativamente más bajos que en régimen general, entre otros problemas que quedan pendientes. Entonces, si bien la reforma avanza para disminuir algunas inequidades, queda un amplio margen de acción para resolver los problemas existentes en esta materia.

Para profundizar sobre algunos de estos temas recomiendo una nota reciente de Gustavo Viñales del laboratorio fiscal y tributario de CINVE, que discute justamente lo que la reforma no propone o queda pendiente.

¿Qué opinión le merece la propuesta de incrementar la edad de retiro?

La idea de postergar la edad de retiro, es comprensible, pero entiendo que no están adecuadamente calibrados los efectos asociados a la medida en varias dimensiones relevantes. La experiencia internacional ha mostrado que el aumento de la edad de jubilación podría resultar en una presión creciente sobre hacia otros pilares del sistema de protección social (por ejemplo, prestaciones de desempleo, pensiones de invalidez o ingreso mínimo garantizado), disminuyendo el impacto esperado sobre las finanzas del sistema y aumentando a su vez el riesgo de pobreza para los adultos mayores.

Aun considerando estos riesgos, creo que modificar la edad de mínima de retiro supone menos riesgos que una opción alternativa que podría haber sido modificar la cantidad de años requeridos para alcanzar el causal jubilatorio. Las carreras laborales con importantes interrupciones son muy frecuentes en los trabajadores uruguayos, por lo que retornar, por ejemplo, a la exigencia de 35 años de aportes, como estaba establecido previo a la reforma del 2008 hubiera sido un error importante con importantes consecuencias en términos de cobertura. Me parece positivo que no se haya dado marcha atrás en estos cambios.

¿Cuáles son los cambios propuestos para el régimen de capitalización?  

En lo que se refiere al pilar de capitalización, se plantean varias reformas que buscan mejorar la eficiencia el sistema durante la etapa de acumulación. Sin embargo, creo que la reforma no logra solucionar el problema existente en la etapa de descapitalización, donde todo el riesgo de longevidad recae sobre las finanzas públicas.

¿Algún otro punto que le parezca relevante destacar?

Incluiría entre los temas que merecen una valoración negativa de la propuesta del Poder Ejecutivo el hecho de que la discusión referida al sistema de pensiones se esté realizando de forma aislada, sin incorporar una visión integral de la red de protección social. Considerando que uno de los principales problemas que se visualizan está relacionado con la existencia de desbalances intergeneracionales importantes, hubiera sido oportuno encauzar la discusión en el marco de una propuesta de rediseño integral del sistema de protección social y de sus fuentes de financiamiento.

Un análisis centrado, exclusivamente en el sistema de pensiones, deja por fuera la consideración de estrategias de protección social alternativas, que hoy están siendo impulsadas desde algunos organismos internacionales, como es el caso de la introducción de un esquema de renta universal no asociadas a la edad de los beneficiarios. En este sentido, y tal cual está planteada la discusión, se corre el riesgo de que el debate quede focalizado en el objetivo de contener el gasto en pensiones, lo que implica poner el acento en aspectos financieros, sin que se aborden otros múltiples problemas asociados a desbalances en la protección social. De hecho, las recomendaciones incorporadas en la propuesta de reforma omiten la consideración de potenciales soluciones a estos problemas, por lo que se está perdiendo la oportunidad de avanzar en el tratamiento de dimensiones muy relevantes para el mejor funcionamiento del sistema de protección social en nuestro país.

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