Por Henry Barrios.
Lo que para el lector promedio puede parecer novedad o hasta un exagero, para el pueblo brasileño es una realidad más que elocuente: Brasil vive una dictadura.
Sí, una dictadura con todas las letras, una dictadura del siglo XXI, sin botas y sin tanques.
La población comenzó a despertar hace una década, y las causas pueden ser debatibles, desde que se hartaron de ser saqueados mientras veían su dinero yendo a parar a obras en republiquetas amigas o causas activistas, percibir que el poder político no lo representaba en nada, o ser una nación que abriga 90% de cristianos, y que gracias a ello, percibe lo que está bien y lo que está mal. Quizá sea un poco de todo.
Luego de que un grupo de revolucionarios/positivistas acabara con el exitoso Brasil Imperio que crecía más que los EEUU, el país se vió hundido en la maldición de la República, que por 130 años se rigió según los deseos de una élite política y económica totalmente de espaldas a los deseos populares, y por ende su cultura.
Bolsonaro fue un accidente en el camino de los que siempre se alternaron en el poder mientras hacían creer al pueblo que éste vivía en democracia.
Ese sistema corrupto, viciado, gigante y casi omnipresente, hizo de todo para impedir que el Capitán del Ejército devenido en diputado de bajo perfil por 28 años, llevara al Ejecutivo sus propuestas, que eran la voz del pueblo, y que por ese motivo causaban tanta alarma en los medios y cómplices acomodados del poder. Desde difamarlo de todas las formas posibles hasta apuñalarlo en plena campaña de 2018, todo valía para seguir fingiendo «democracia».
Cómo no pudieron evitar que Bolsonaro ganara las elecciones de 2018 debido a la absurda avalancha de votos que tuvo (muchos más que los oficialmente declarados), empezó el trabajo de impedir que el presidente electo con una legitimadad absoluta, ejerciera el mandato otorgado. Estos actores, colocados estratégicamente por la izquierda durante 30 años, salieron detrás de las cortinas y tomaron el protagonismo político que nunca tuvieron, no deben tener, ni debieron asumir. Ahora ya no eran jueces de la Suprema Corte, sinó protagonistas de la mayor vergüenza judicial del mundo moderno. Sí, el Poder Judicial convertido en Activismo Judicial.
El papel activista que pasó a tener toda la justicia, desde fiscales, jueces de todas las instancias y especialmente la más alta corte (STF), es algo que seguramente no se ha visto, a este nivel, en ninguna parte del mundo. Puedo citar innumerables casos de interferencias en competencias exclusivas del Poder Ejecutivo y también del legislativo, casos donde un ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) por decisión unilateral impidió el nombramiento del Director de la Policía Federal, o cuando creó investigaciones sobre crimenes inexistentes (Fake news, actos antidemocráticos, milicias digitales).
También hubieron decenas de casos donde partidos sin representación notoria en la Cámara, lograron revertir decretos presidenciales por medio de recursos interpuestos y siempre acatados a velocidad récord por integrantes del STF, quien acababa legislando en un claro atropello a la democracia y representatividad del Parlamento.
Pero como el tema del momento son las elecciones altamente cuestionadas, es importante entender que más allá de percepciones que puedan resultar subjetivas sobre fraude, errores, anomalias, y demás cosas extrañas en el proceso electoral propiamente dicho, existen una secuencia de hechos previos a las elecciones que hablan por si solos.
Es indispensable entender que es lo que sucedió durante el último año, para entender el motivo de que el pueblo sienta que el resultado de las elecciones no es legítimo, mucho más allá de la comprobación empírica de fraude.
A casi 20 dias millones de personas llenan las calles de Brasil en protesta por la falta de transparecia que predominó en todo el proceso electoral, y que llevo a que un condenado en tres instancias por innumerables delitos, «volviera a la escena del crimen», tal como lo dijo su vice-presidente semanas antes de aceptar ser su compañero de fórmula.
En 2020 Lula tiene sus condenas anuladas por decisión unilateral del ministro Edson Fachin (Ex integrante del Movimiento Sin Tierra indicado por Lula al Tribunal), quien entendió que sus procesos judiciales deberian haber ocurrido en Brasilia y no en Curitiba. En una decisión totalmente arbitraria y sin sustento el plenario del STF ratificó la decisión.
Ahí empezaba la saga de absurdos electorales que llevarían a la elección del, ahora descondenado, y no inocentado cómo la prensa insistió en narrar.
En otra jugada arbitraria el mismo Fachin borra el registro de antecedentes criminales de Lula y lo habilita a ser candidato, violando nuevamente la Constitución.
Se aproxima entonces la corrida electoral, y la persecución a periodistas alineados a Bolsonaro, prisión ilegal de diputados, censura previa a medios de prensa que tenían la osadía de contrar la verdad, no hizo más que crecer. Las acciones descabelladas de vários integrantes del STF parecen no tener fin, y un absurdo jurídico tras otro se fue sucediendo.
En 2021 transcurría en el Congreso una Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) que establecía la instauración de un sistema de voto impreso junto al sistema electrónico de votación, mecanismo éste que traería seguridad y disiparía las dudas que siempre cubrieron las elecciones. Varias veces fue aprobado por el Congreso pero siempre vetado o derribado por ejecutivos anteriores y el propio STF bajo excusas ridículas, lo cual solo hizo aumentar la desconfianza de um sistema imposible de auditar.
Ésta vez no sería diferente, sólo que ante la inminencia de la aprobación de la PEC, la cual no puede ser cuestionada juridicamente por tratarse de una enmienda, el entonces ministro del STF Roberto Barroso en su calidad de Presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), en una cena en su domicilio la noche anterior a la votación en comisión, interfirió junto a los líderes de los partidos para que éstos cambiaran los integrantes de dicha Comisión para evitar la tramitación de la PEC del voto impreso. Ésta interferencia indebida y antiética fue luego confirmada por el propio Barroso, quien alegó que «defendió a la democracia impidiendo que extremistas volvieran al pasado con el voto en papel», profiriendo además de la confesión, una mentira gigante respecto a los cambios que se pretendían.
Por si fuera poco, el mismo ministro, tiempo después a la salida de una reunión en el Congreso, dejó escapar una infeliz frase mientras pensaba que las cámaras estaban desconectadas: «elecciones no se ganan, se toman». Esa sería la frutilla de la torta si el mismo individuo no hubiese viajado a Texas a una conferencia llamada «Como derribar a un presidente».
Cuando la presidencia del TSE pasó a las manos del ministro Edson Fachin, las aberraciones solo aumentaron, llegando al punto de convocar a embajadores de más de 70 países (Relaciones internacionales son competencia del Ejecutivo, no del Judicial), para decirles que «Brasil estaba viviendo bajo un gobierno antidemocrático, y que por lo tanto los países deberían reconocer al nuevo presidente apenas el TSE anunciara un ganador en las elecciones».
Bolsonaro reaccionó invitando a una reunión a embajadores y representantes extranjeros para explicarles la situación del activismo judicial, mostrar resultados de investigaciones que indicaban invasiones hacker al sistema electoral en 2018, y reestablecer la verdad en diversos aspectos. Está acción legítima del presidente fue duramente criticadas por la prensa y oposición, quien una vez más lo acusó de golpista y antidemocrático. Ninguna novedad.
Respecto de la investigación sobre el ataque hacker en 2018, se trata sobre un pedido de investigación del propio TSE, quien solicitó a la Policía Federal, luego de una denuncia de un periodista, una investigación sobre los hechos. Esta investigación arrojó el resultado de que alguien estuvo 8 meses dentro del sistema electoral del TSE, ingresando al mismo con contraseñas de ministros del Tribunal, y deambulando por todo el sistema, incluso el código de las urnas de votación. Cuando la Policía Federal solicitó los logs (registros de acceso a diversas regiones del sistema) el TSE alegó que en un mantenimiento de rutina, la empresa que realizó esa operación, borró accidentalmente esa información, con lo que sería entonces imposible probar que se hicieron o no modificaciones a los resultados en 2018. Bolsonaro presentó esa investigación al público en uno de sus tradicionales «Vivos» en las redes sociales, el cual fue censurado a pedido del ministro del STF Alexandre de Moraes, aduciendo que se trataba de «Fake News que atentaban contra el Estado Democrático de Derecho».
La saga del ahora dictador Alexandre de Moraes no se iba a restringir solo a iniciar investigaciones ilegales donde él sería víctima, acusador y juez, sino que de ahí en adelante veríamos una novela que haría de cualquier ficción imaginada por Orson Welles, una tira cómica.
Prohibir decir que Lula es ex-convicto, mencionar sus esquemas de corrupción, relacionarlo con Maduro, Castro, Ortega, Mujica, decir que es a favor del aborto, drogas, desencarcelamiento (tal como lo afirma el propio programa del PT), que tiene estrecha relación con el crimen organizado y narcotráfico, pasaron a ser acciones corrientes de la lapicera del ministro De Moraes, quien ayudado por gran parte de la prensa, distribuyó censura a muchos medios de prensa que se negaron a cumplir sus órdenes.
Diputados fueron impedidos de utilizar sus redes sociales, hiriendo una vez más el Art 53 que habla sobre la inviolabilidad del discurso, opiniones y votos de los parlamentares, Bolsonaro fue impedido de usar ciertas imágenes en su campaña donde mostraba marchas multitudinarias, o discursos como el de la ONU donde exponía la relación de la corrupción izquierdista con las pretensiones globalistas.
Personas comunes fueron igualmente impedidas de ejercer su derecho de libre expresión, al tiempo que impedía que la Policía Federal hiciera su trabajo de combatir la compra de votos por parte del PT en regiones de bajos recursos.
La campaña de Bolsonaro detectó dias antes de la elección, una maniobra realizada con los spots publicitarios de campaña. Mediante auditoría se comprobó que más 1 millón de spots de Bolsonaro se dejaron de emitir en las radios en favor de Lula, lo cual configura una clara violación a la isonomia del proceso. La decisión de Moraes respecto de este suceso, fue acusar a Bolsonaro que generar conflicto en la elecciones y de «actos antidemocráticos»….
Las elecciones se sucedieron y con extrañeza algorítmica, los resultados parecían sacados de una votación de robots, no de seres humanos. Pero no fue eso lo que hizo que millones se volcaran de forma orgánica a la calle, sin líderes políticos, sin apoyo de ninguna institución, sino que todos los sucesos que se dieron antes de las elecciones y que en parte enumeré mas arriba, hacen que cualquier persona con dos dedos de frente perciba que el proceso estuvo plagado de ilegalidades, vicios, falta de equilibro, militancia descarada de quienes debían velar por la imparcialidad, y una serie de abusos dignos de una dictadura que solo hace elecciones para pretender simular que es una democracia.
Hoy quienes nos manifestamos somos llamados de «lunáticos golpistas que vamos a sufrir las consecuencias de no querer respetar el Estado Democrático de Derecho», somos censurados, multados y presos por el simple hecho de divulgar una auditoria hecha por un ciudadano argentino que demostró empíricamente las anomalías existentes en las elecciones de éste año.
El dictador Alexandre de Moraes pone multas, manda encarcelar, censura y abusa del poder a su gusto mientras hace señales de que va a degollar a quien se atreva a cuestionarlo, o peor aún, cuestionar el proceso electoral. Enfrenta incluso a las Fuerzas Armadas, quienes luego de participar de la comisión de transparencia Electoral mediante invitación del propio TSE, elaboró un informe que dice que el sistema no está exento de la posibilidad de fraude, que es imposible auditar y que no se puede asegurar la integridad de las elecciones. Con la soberbia típica de um déspota, Alexandre de Moraes «agradece las sugerencias de las FFAA y agrega que la cuestión de las elecciones ya es asunto pasado, y que todo aquel que cuestione será tratado como criminal.
Para rematar, el ministro Barroso en reciente viaje a New York, frente al cuestionamiento de un brasileño sobre la liberación del código fuente de las urnas electrónicas para que las FFAA investigen, dijo » Perdeu mané, não amola» (Perdiste pelotudo, no jodas)
A buen entendedor, media palabra basta.
Henry Barrios