Unas 2.300 personas podrían, actualmente, ser parte del proyecto derivado de un acuerdo firmado entre el Ministerio del Interior y la ANEP

La Administración Nacional de Educación Pública firmó un convenio con el Ministerio del Interior para atender el mandato judicial acerca de la obligación de realizar la prestación de servicios comunitarios en centros educativos, como medida alternativa a la privación de libertad dispuesta por los jueces competentes en materia penal.

El presidente del CODICEN, Robert Silva, manifestó que “colaborar con las instituciones como el Instituto Nacional de Rehabilitación y el Ministerio del Interior en su conjunto constituye una obligación en el marco de la atención a las particularidades de ciudadanos que atravesaron en su vida distintas dificultades”.

Silva destacó que uno de los cometidos de la ANEP es brindar servicios educativos formales dentro de los centros penitenciarios. “Sabemos que es primordial recuperar a esas personas con particularidades, a través de las herramientas y de las posibilidades que la educación otorga”.

Por último, hizo énfasis en la importancia de este convenio que apunta a apoyar a personas que si bien no están privadas de su libertad, tienen que cumplir con un mandato judicial de resarcir a la sociedad a través de su trabajo por una falta cometida. “Esta es una conjunción de esfuerzos que seguramente nos lleva a tener un muy buen comienzo, porque este convenio habilita no solo a trabajar con las escuelas sino también con la Educación Media y la Formación Docente”.

Por su parte, el director de Convivencia del Ministerio del Interior, Santiago González, destacó el trabajo continuo desde el sistema penitenciario “con una convicción muy clara de que el Estado tiene que colaborar con el Estado. No hay vuelta, no hay otra forma de mejorar nuestro país. Nosotros que estamos en el mismo barco tratando de cambiar la realidad debemos aportar cada uno su granito de arena para tener una sociedad más justa”.

González comentó que durante una visita a la Escuela N° 326 de Casavalle se encontró con dos personas que por mandato judicial desempeñaban tareas de mantenimiento, y “la escuela estaba preciosa”. En la Escuela N° 350, cercana a la mencionada, la directora le pidió que allí también firmaran los convenios para que fuera posible atender este predio del mismo modo que en el centro educativo vecino. “Este tipo de convenios no solo benefician al destinatario, sino que además le otorga un sentido a quien debe cumplirlo. La sociedad debe perdonar por el error y se le debe dar a la persona una segunda oportunidad”.

El director del INR, Luis Mendoza, informó que en la actualidad en Uruguay 13.678 personas se encuentran privadas de libertad. Asimismo, 15.800 personas están en situación de libertad asistida, de las cuales 5.300 deben realizar trabajos comunitarios. De este total, 3.000 están regidas por la Ley de Faltas, y 2.300 por mandato de la Justicia Penal quien dispone que deben hacer trabajo comunitario. “En ese caso se realiza una intervención técnica, y de acuerdo a los perfiles y habilidades de esas personas se les designa trabajo en diferentes organismos”.

Mendoza agradeció la firma del convenio a la ANEP ya que “amplía las listas de dependencia de donde trabajarán estas personas, que lo harán cumpliendo un mandato de la Justicia. Se trata de una forma de devolver algo a nuestra comunidad por las faltas cometidas, trabajando en un centro de enseñanza o en una escuela. Para nosotros es fundamental porque sirve también como un tratamiento de rehabilitación”.

El Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) tiene entre sus cometidos la rehabilitación de los procesados y penados. En tal sentido, y con la finalidad de implementar programas tendientes a la inclusión integral de personas privadas de libertad, promueve el desarrollo de actividades socio-laborales en el ámbito comunitario.

Por su parte, la Oficina de Supervisión de Libertad Asistida (OSLA) fue creada por decreto del Poder Ejecutivo como una unidad especializada, actuando bajo la dependencia de la Subdirección Técnica del INR. Entre sus cometidos se destaca la coordinación y seguimiento de las penas alternativas a la privación de libertad, dispuesta por los jueces competentes en materia penal.

En este sentido, este convenio tiene como cometido determinar las condiciones y los procedimientos mediante los cuales el INR –a través de la OSLA– derivará a la ANEP a las personas sobre las cuales recayó por mandato judicial la obligación de realizar prestación de servicios comunitarios, como medida alternativa a la privación de libertad.

Cabe precisar que la OSLA asume el compromiso de derivar a las personas que realizarán la prestación de servicios comunitarios a la ANEP en sus diversas dependencias, conforme las condiciones y criterios previamente definido con cada centro receptor en cuanto a disponibilidad de cupos, días y horarios.

Por su lado, la ANEP asume el compromiso de recibir en sus dependencias a las personas derivadas por la OSLA, en función de las condiciones establecidas en el mandato judicial referido a cada persona privada de libertad involucrada, atendiendo las condiciones particulares de cada caso.

Asimismo, el organismo responsable de la Educación Pública determinará las dependencias que se encuentren en condiciones de operar como centros receptores de las personas derivadas para desempeñar la prestación de servicios comunitarios, en el marco de las medidas alternativas a la prisión dispuestas por mandato judicial.

El plazo del convenio será de un año a partir del día de la firma, renovándose automáticamente por períodos iguales salvo que alguna de las partes se exprese de manera contraria.