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Construcción de nuevo puente en ruta 8 sobre al arroyo Otazo, a un último paso para ponerse en marcha

por Karina Caputi

Se espera resolución medioambiental para la ejecución del proyecto

Frente a lo inminente del comienzo de la obra, el propio Ministerio de Ambiente, a través de la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental, se notificó al Gobierno Departamental sobre los pasos dados hasta el momento.

En este sentido, la nota cursada manifiesta que “dando cumplimiento a lo establecido por el reglamento de evaluación de impacto ambiental sobre el proyecto a ejecutarse por parte de la Dirección Nacional de Vialidad, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, se indica que el mismo ha sido calificado en la categoría A de acuerdo al literal a) del Art. 5”.

En síntesis, esta obra, que se cumplirá entre los kilómetros 334 y 340 en jurisdicción del Departamento de Treinta y Tres,  significa un nuevo puente y readecuación de los accesos sobre el arroyo Otazo en ruta nacional n° 8.

En cuanto a su categorización “A”, refiere a aquellos proyectos de actividades, construcciones u obras, cuya ejecución solo presentaría impactos ambientales negativos no significativos, dentro de lo tolerado y previsto por las normas vigentes.

Se destaca que la actividad no podrá comenzar hasta tanto se dicte, por  resolución ministerial la correspondiente autorización ambiental previa, sujeta a algunas condiciones.

Entre ellas se especifica que “se deberá actuar en todo de acuerdo a la comunicación presentada, salvo que lo que las posteriores condiciones contradigan”.

“Toda variación significativa en el proyecto original beberá ser notificada a la DINACEA para su evaluación y eventual autorización”.

Se deberá notificar así mismo al mismo organismo, la fecha de inicio de los trabajos y presentar ubicación definitiva del obrador el cual no podrá afectar áreas con presencia de monte nativo.

En el plazo de dos meses de finalizada la obra, se deberá remitir, también a DINACEA, un informe de cierre y de retiro del lugar.

Concluye que “el proponente contará con un plazo de dos años a partir de la fecha de notificación de la resolución ministerial para iniciar las actividades”.

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