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Diferencias entre el Ejecutivo y el TCU sobre gastos de publicidad generaron otra discusión

por Daniel Altez

*La mayoría de los curules blancos se retiraron de sala antes de finalizar la sesión


La reciente sesión de la Junta Departamental de Rocha estuvo enmarcada en las respuestas diferentes del Ejecutivo y del Tribunal de Cuentas a solicitudes de informes efectuada por ediles departamentales respecto a los gastos de publicidad del período diciembre 2020 – abril 2021. Esto generó una nueva discusión entre las Bancadas del oficialismo y de la oposición, y la decisión de llamar a los responsables del Gobierno de Rocha para que expliquen los números presentados por el Tribunal de Cuentas.
Poco después, la Bancada de Ediles del FA nos hizo llegar el siguiente comunicado;
“La Bancada de Ediles del Frente Amplio de Rocha rechaza la actitud del Intendente Departamental, quien en respuesta a un pedido de informes realizado por un miembro de este cuerpo, ha vertido información falsa, no coincidente con la realidad, demostrando una vez más su desprecio por la tarea de contralor de la Junta Departamental.
Al comparar la repuesta dada por el Sr. Intendente Umpiérrez en el mes de junio 2021 al pedido de informes realizado por el edil Silva Más y lo relevado por el Tribunal de Cuentas de la República a solicitud de la Junta Departamental, surge que el primero informó una cifra por gastos de publicidad de $618.000 desde diciembre de 2020 hasta abril de 2021 mientras que el TCR detalla gastos por ese mismo concepto y período por $1.723.729, (tres veces más que lo informado por el Intendente).
La respuesta al pedido de informes es absolutamente falsa, no coincidiendo ni el monto total, ni ningún monto mensual. Para cada uno de los meses se informan cifras de gastos sensiblemente menores a las registradas por el T.C.R.
El pedido de informe es una facultad Constitucional del edil (art. 284 de la Constitución) para ejercer su función de control otorgada por el art. 273 de la Constitución.
El responder al pedido de informe es una obligación Constitucional del Intendente (art. 284 y 285 de la Constitución) para que el edil pueda ejercer su función y la repuesta falsa es una violación a esa obligación impuesta por la Constitución.
Dicha violación está prevista en el art. 93 de la Constitución como causal para la intervención del Senado como órgano que juzgue la conducta de las autoridades allí mencionadas y al Intendente por remisión del art. 296 de la Constitución.
La entrega de información falsa sobre datos disponibles en el sistema contable, es un menosprecio a los roles constitucionales que caben a los ediles que no tiene antecedentes en el departamento, además de lo grave que resulta el ocultamiento y la tergiversación sobre dineros públicos a la población en general.
Se deja señalado como una violación a la Constitución, como una actitud de poco apego a la institucionalidad y en definitiva socavamiento a la credibilidad de la democracia, lo cual rechazamos enfáticamente”.

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