Diario El Este

El debate acerca de la eutanasia

Durante los gobiernos nacionales del Frente Amplio, Uruguay se colocó a la cabeza, en la región (una región relativamente conservadora, por cierto) y en el mundo, en lo que se ha denominado ‘’la agenda de derechos’’. La ley de unión concubinaria, el matrimonio igualitario, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, la regulación del autocultivo y comercio de cannabis, y la ley integral para personas trans.
Justo es decir que estas leyes contaron, en casi todos los casos, con el apoyo de otros partidos políticos que integraban el Parlamento en los pasados 15 años. Colorados, blancos e independientes, con matices y diferencias internas acompañaron con su voto muchas de estas normas.
Pero también hubo resistencias a las mismas. En una sociedad plural sería extraño que no las hubiese.
Tal vez la más criticada haya sido la que de regulación del mercado de cannabis; pero las dos contra la que se opusieron, o más correctamente intentaron interponer, recursos de referéndum fueron contra la ley de interrupción voluntaria del embarazo y la ley integral de personas trans. En ambos casos la iniciativa para derogarlas estuvo liderada por sectores religiosos y conservadores: la Iglesia Católica en el primer caso, y sectores evangélicos vinculados a sectores minoritarios del Partido Nacional en el segundo.
Todo esto viene a cuenta de que en una reciente nota levantada por El Este , se da cuenta de la resistencia que genera en la Iglesia Católica y otros sectores religiosos, la iniciativa planteada por el diputado colorado Ope Pasquet, relativa a la regulación de la eutanasia.
En la nota, el arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla expresa que este proyecto, junto al de interrupción voluntaria del embarazo: ‘’llevan a una cultura de la muerte o una cultura del descarte’’. Y agrega que los legisladores católicos que voten a favor de este proyecto, se estarán autoexcluyendo de la Iglesia, por votar contra un principio fundamental de la misma.
Hay un primer nivel de debate en lo que plantean Sturla y otros líderes religiosos, y es el de la vida frente a la libertad. Para el cristianismo la vida es un valor absoluto. De hecho, en la concepción cristiana la vida ni siquiera pertenece a la persona para decidir sobre ella, sino que es un don dado por dios y sólo a él le corresponde fijar su inicio y su final. Por eso es que se oponen al uso de métodos anticonceptivos, a la legalización del aborto y al de la eutanasia. De hecho, históricamente. la visión cristiana sobre el suicidio lo consideraba un pecado, y el alma de quien lo cometía estaba irremediablemente condenada al Infierno.
Frente a esta visión se opone una visión más humanista, que valora a la persona y sus decisiones, a la libertad individual, como valor fundamental. De este modo, una persona, en pleno uso de sus facultades, perfectamente puede dejar estipulado que en caso de estar transitando una enfermedad terminal o algún otro tipo de circunstancia que entienda indigno con una buena calidad de vida, puedan auxiliarlo a terminar con la misma de una manera digna y compasiva. Que no hay sentido en la prolongación de la vida mediante métodos que solo se encarnizan con un cuerpo y con la agonía del paciente y familiares.
El segundo nivel de discusión/debate es una derivación directa del primero.
Mientras que la posición de la Iglesia Católica y de los sectores conservadores en general buscan hacer partícipes al conjunto de la sociedad de sus doctrinas, imponiendo su ética a toda la población; quienes sostenemos la necesidad de avanzar en este tipo de derechos no buscamos imponer ninguna ética particular (tal vez la de la tolerancia) sino que buscamos ampliar la esfera de libertad, individual y colectiva de las personas, y que las misma puedan tomar las decisiones que consideren mejores para ellas y su entorno.
Dicho de otra forma. Si fuera por Sturla, la Iglesia Católica y los evangélicos, abortar sería un delito y no se legalizaría la eutanasia. Seríamos como una especie de Irán o un país árabe, en los que la religión es un aspecto central de la vida política y social.
Pero en un país laico, la religión es parte de la esfera privada de las personas. Ningún católico estará obligado a solicitar la eutanasia si eso va en contra de sus convicciones, del mismo modo que ninguna mujer católica está obligada a realizarse un aborto. Pero al mismo tiempo el Estado debe garantizar que aquellas personas que consideren la eutanasia como una opción válida, y a las mujeres que por alguna razón consideran que necesitan abortar, puedan acceder a las mismas.
Es tan sencillo y difícil como eso.