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EL DELITO DE ESTAFA: «LA VEDETTE» DEL CIBERDELITO

por Sofia Pereyra Huelmo

En los últimos meses ha ido en notorio aumento las condenas por delitos de estafa en modalidad informática, no es menor la característica común que presentan estas condenas las que en algunos casos llegan a 40 o 50 estafas probadas a un mismo autor.

 La modalidad delictiva en el ciberespacio se encuentra en boga, propiciada no sólo por la crisis económica post pandemia, sino por el aumento de compras en formato digital.

La capacidad para reiventarse y permanecer flexible frente a la dificultades que puedan presentarse es lo que diferencia el éxito o el fracaso de una marca, empresa, o negocio. Para no perder capacidad de venta las marcas y negocios han debido adaptarse a la nueva realidad, como también la forma en la que estábamos acostumbrados a consumir. Todos hemos adaptado y modificado los hábitos de consumo.

El mercado de ventas cibernético ha sido una de los sectores más favorecidos justamente por esa facilidad de renovación y adaptación que supo tener una vez arribada la pandemia. Hoy en día, a casi dos años de su inicio, a través de simples clicks en las pantallas de nuestros teléfonos o computadoras hemos realizado alguna que otra compra por la web.

Con la misma facilidad de adaptación muchos individuos han visto en esta nueva forma de consumo, los baches necesarios para aprovecharse de forma habilidosa de incautos, distraídos, y de la buena fe de la gente. Es que como bien dice el dicho: hecha la ley, hecha la trampa. Y algunos saben encontrar rápidamente las falencias de un sistema aún en construcción, no sólo por las medidas de seguridad que el propio sistema vaya desarrollando, sino ante el novato consumidor de redes y todos aquellos que recién comienzan a interactuar en esta nueva forma de mercadeo digital.

Las denuncias e investigaciones por estafas en el ciberespacio han aumentado. Plataformas digitales de compra y venta de productos, servicios, bienes y valores (entre otros) algunas más populares que otras, son las elegidas mayoritariamente por los victimarios que se investigan.

Las estafas a adultos mayores también se presentan como los sujetos más afectados de esta modalidad criminal, pero lo cierto es que los autores de la misma no suelen hacer distinciones o diferencias de tipo alguno entre sus víctimas. Sí quizás pueda hablarse de determinada característica puntual en el público que resulta víctima, dependiendo del producto (u objeto de la modalidad criminal).

Los jóvenes que gustan más de los videojuegos son más proclives a ser víctimas de estafas por ventas de productos de entretenimiento electrónico; así como dependiendo la época del año las denuncias por estafas en falsos alquileres de temporada, han de ser los grupos más vulnerados o al menos, de los que el Ministerio Público investiga más: tanto por los montos como por la cantidad de estafas que un mismo autor puede llegar a reunir (en algún caso puntual, una única persona ha resultado investigada por más de 500 estafas virtuales).

Los precios irrisorios a los que productos de última generación se ofrecen en la web son la carnada perfecta y la elegida por la mayoría de los victimarios. Podemos preguntarnos entonces si no hay en su caso una irresponsabilidad por parte del consumidor, quien pensándose el Warren Buffet de las compras por internet, adquiere un producto de última generación a un precio irrisorio; o, en el caso de la oferta de servicios, el mismo no toma la precaución o cautela necesaria para averiguar frente a qué tipo de intermediario se encuentra.

El click de distancia que nos separa de ese producto que se anhela, o del servicio que se procura obtener, genera en el consumidor el shock de dopamina del que tanto advierten especialistas y profesionales, que buscan la concientización en la población frente a la ola creciente del consumo virtual global y la responsabilidad en la compra.

El delito de estafa se encuentra previsto como un delito contra la propiedad para nuestro sistema legal. En este caso, claro está, que nos referimos a la propiedad mueble (dinero: como medio legal de pago o como conjunto de riquezas o valores: entiéndase como el activo en el patrimonio de un individuo).

El Código Penal lo prevé en el artículo 347: “el que con estratagemas o engaños artificiosos indujere en error a alguna persona, para procurarse a sí mismo o a un tercero, un provecho injusto, en daño de otro (…).”

La pena para este delito va desde un mínimo de 6 meses de prisión a un máximo de 4 años de penitenciaría. El guarismo punitivo (es el número que se adjudica en un sistema de numeración o escala) oscila dependiendo de una serie de factores que el sentenciante (Juez) toma en cuenta para condenar a una persona.

En el nuevo sistema penal la pena es negociada entre el Fiscal y la Defensa del imputado dentro de ese guarismo punitivo que se encuentra establecido de antemano por la norma; y únicamente en casos espaciales el Juez está habilitado para modificar la misma (sólo podrá disminuirla, ya que la condena no puede nunca ser superior a la solicitada por el Fiscal).

Esta potestad que en épocas anteriores era resorte únicamente del Juez, hoy en día y por disposición legislativa, forma parte del acuerdo entre dos partes del proceso: el Ministerio Público y Fiscal y el abogado defensor.

Entonces, ¿cuál es el “pragma conflictivo” (supuesto de hecho) que abarca la conducta en este delito y que tiene como consecuencia jurídica la mencionada pena?

El argentino Raúl Zaffaroni, es uno de los penalistas más reconocidos al que se le suele escuchar hablar acerca de ese concepto sobre “pragma conflictivo” o supuesto de hecho legal, que se integra con la conducta y los datos fenoménicos que interesan para la prohibición (el tipo penal es un supuesto jurídico).

¿Cuál es el tipo penal que nos interesa en este delito?: el que con estratagemas o engaños artificiosos indujere en error para procurar un provecho que ocasione un daño.

De acuerdo al hecho concreto que se presente, lo que el investigador (Fiscal) hará es deducir que ese supuesto fáctico o de hecho sea típico (es decir, violatorio de la norma): El que engañe para asegurarse un provecho económico ocasionando un daño. Deduzco entonces que la conducta se adecua al tipo. Por adecuarse al tipo, es violatoria de la norma. Deduzco entonces la norma: está prohibido inducir en error mediante engaños para obtener de ello un beneficio económico en perjuicio de alguien.

La norma (construcción lógica) que nos ocupa, puede presentar a simple vista y para cualquier persona una dificultad de lenguaje, y ha dado lugar a variados debates jurídicos: ¿Qué debemos entender por los términos “estratagema” y “engaño artificioso”? La Real Academia Española define en una primera acepción “estratagema” como “ardid de guerra” acepción que poco nos aporta jurídicamente; pero en una segunda acepción más feliz, refiere a la “astucia, fingimiento, y engaño artificioso”. Como podrá apreciarse, el legislador es redundante en la norma, y refiere a dos términos que son sinónimos entre sí. ¿Es necesaria la redundancia? Bien podría haberse empleado en su caso el término “trapaza” (del portugués trapa), cuya acepción engloba un significado que se ajusta mejor y es más alusivo en esencia al delito, pero eso ya es una deducción personal.

Lo reprochable de esta conducta es la voluntad de una persona de inducir a otra en error respecto de una cosa, persona o situación, empleando para ello alguna habilidad, astucia o destreza, ocasionándole un perjuicio económico a cambio de un beneficio personal o para alguien más. Esa inducción en error que conlleva una astucia o destreza es lo que diferencia al delito, la problemática entonces, y la estrategia de la defensa será determinar si realmente hubo una astucia, alguna destreza empleada; o simplemente la víctima adquirió el objeto de forma irresponsable pero legal, aunque esa conducta le haya ocasionado un perjuicio.

¿Qué sucede cuando esas astucias, destrezas o habilidades se traducen a simples descuidos, falta de la debida atención y responsabilidad por parte del consumidor? ¿Nos encontramos frente a un delito de estafa o simplemente frente a una mala decisión de compra? ¿Podemos hablar de la diligencia debida en el comprador o del consumidor responsable?

Si bien son conceptos que se estudian en otras áreas del derecho como el derecho civil o el derecho comercial, entiendo que perfectamente hay situaciones que rozan los “border cases”, y debe empezarse a hablar del consumidor responsable.

Acaso cuando compramos a páginas de productos chinos por la hermosa foto que se publicita del producto, fascinados y encantados por la idea que nos hacemos de lo que pretendemos adquirir, pero una vez en nuestras manos ese producto no resulta lo que se esperaba, ¿podemos hablar del delito de estafa? ¿Podemos sentirnos estafados por marcas, empresas o emprendimientos de los que desconocemos reputación o forma de operar, pero que de igual forma y bajo nuestro libre albedrío igual decidimos adquirir sus productos?

Hoy en día, el éxito de una marca, empresa o emprendimiento sin lugar a dudas que se va a dar en el respaldo que el mismo otorgue de sus productos, y de qué tan enfocados en el consumidor final (sus clientes) estén. El consumidor inteligente por otro lado, deberá bregar por el respaldo en el producto que compra, y ello sin dudas se traduce en un consumidor más responsable y consiente de dónde y en qué invierte su dinero.

Lo relevante es que esta modalidad criminal que se desarrolla en todos los ámbitos de la vida, se encuentra actualmente en auge en el ciberespacio y ha llegado para quedarse.

Mi visión es que a dónde debe apuntarse frente a esta creciente ola que genera perjuicios y una problemática social, al igual que en los casos de narcotráfico; la solución es la responsabilidad social individual.

Seamos responsables a la hora de comprar: corroboremos datos, hagamos preguntas, exijamos que el producto sea exhibido, el servicio explicado y detallado, hagamos en definitiva de esa compra una acción responsable y consciente. En definitiva tengamos la diligencia debida como consumidores.

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