Por Leonardo Haberkorn.

Debió ser un acto parlamentario de rutina, pero fue un escándalo. El ministro de Defensa Nacional, Javier García, fue recibido por la comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Representantes el 5 de mayo. Su presencia terminó a los gritos y con acusaciones cruzadas. Los representantes del Frente Amplio se levantaron y se fueron de sala.
Nada de eso estaba previsto. El ministro había concurrido a presentar los lineamientos de su política y se molestó cuando Gerardo Núñez, diputado del Partido Comunista, pareció querer decir que el concepto de seguridad nacional manejado por el gobierno guarda alguna similitud con la doctrina de la seguridad nacional de la dictadura.
García le respondió a Núñez: “Comprendo que el diputado sea especialista en la doctrina de seguridad nacional. ¡Si la doctrina de seguridad nacional en el Uruguay la fundaron los Comunicados 4 y 7 que apoyó el Partido Comunista del Uruguay, dictados el 9 de febrero de 1973 por un grupo de militares golpistas que hicieron trágica la vida en el Uruguay con el respaldo, entre otros, del Partido Comunista!”.
“Entiendo que sea especialista en la doctrina de seguridad nacional. ¡Si la respaldó! ¡Su partido la respaldó! Está sembrado de bibliografía, pero alcanza una, el editorial del diario El Popular”.
Núñez respondió: “Usted es un atrevido, y se lo digo mirándolo a los ojos. Que usted le diga a los militantes del Partido Comunista -no a mí; yo no luché contra la dictadura-, a mi partido, que fue cómplice de la dictadura militar… usted es un atrevido. (…) ¿Usted sabía que la inmensa mayoría de los desaparecidos en nuestro país son del Partido Comunista? ¿Son de la izquierda de nuestro país? ¿Usted sabía que la mayoría de encarcelados en nuestro país, de presos políticos, son del movimiento popular, de la izquierda, y muchos de ellos del Partido Comunista? ¿Y usted qué piensa? ¿Que fueron presos por colaborar con la dictadura como hicieron muchos de los que integran su partido?”.

García contraatacó: “Es dura la realidad que tiene aceptar el diputado”. Y lo repitió. La discusión subió algunos grados más. La bancada del Frente Amplio se retiró de sala.
La polémica siguió luego en la prensa y las redes sociales, con gruesas acusaciones de un lado y del otro. Las argumentaciones siguieron la misma línea: unos repitiendo que el Partido Comunista apoyó los comunicados 4 y 7, estandartes del golpe de Estado militar de febrero de 1973. Los otros respondiendo que la dictadura se ensañó con los comunistas, persiguiéndolos sin piedad, que el partido tuvo muertos y desaparecidos. Unos acusando a los otros de mentirosos, y viceversa.
En realidad, nadie estaba mintiendo.
El 8 de febrero de 1973 el presidente Juan María Bordaberry designó como ministro de Defensa Nacional al general retirado Antonio Francese, un militar constitucionalista.
El Ejército y la Fuerza Aérea, que ya estaban actuando con una dinámica golpista, rechazaron y desconocieron el nombramiento y dieron un golpe de Estado tácito. Bordaberry convocó a la ciudadanía a defender las instituciones, pero solo un puñado de personas concurrió a la plaza Independencia. La Armada, legalista, se atrincheró en la Ciudad Vieja en defensa de la democracia.
Al día siguiente, el Ejército y la Fuerza Aérea emitieron el comunicado 4, lleno de guiñadas progresistas: se hablaba de “eliminar la deuda externa opresiva”, de la “erradicación del desempleo” y de la “redistribución de la tierra”. Un día después vino el comunicado 7, explicativo del anterior.
El 11 de febrero, sin mayores apoyos, la Armada depuso su defensa democrática y levantó su cerco de la Ciudad Vieja. Ese día se publicó una edición del semanario comunista El Popular con un editorial de claro apoyo a los golpistas: “Nosotros hemos dicho que el problema no es el dilema entre poder civil y militar; que la divisoria es entre oligarquía y pueblo y que dentro de éste caben indudablemente todos los militares patriotas que estén con la causa del pueblo, para terminar con el dominio de la rosca oligárquica”.

El largo editorial calificaba de “positivo” el documento 4 y auguraba que habría “un avance en la comprensión mutua entre los trabajadores y las Fuerzas Armadas, en la trascendente tarea de buscar los mejores caminos para salvar la patria”.
Al día siguiente, se consumó la victoria de los “Latorritos”, al decir del senador colorado Amílcar Vasconcellos, uno de los pocos que se opuso con tajante firmeza al golpe: Bordaberry fue a la base aérea de Boiso Lanza y aceptó remover a su ministro, colocar en su lugar a otro aprobado por los insurrectos y también otras medidas que estos le arrancaron por la fuerza.
O sea: el Partido Comunista apostó a que en Uruguay sucediera lo mismo que había ocurrido antes en Perú: un golpe de Estado encabezado por militares nacionalistas e izquierdistas. Y lo apoyó en forma explícita. No cabe ninguna duda. No hay nada que discutir.
El avance militar sobre la legalidad no se detuvo. Unos meses más tarde –en junio de 1973- las Fuerzas Armadas dieron el golpe definitivo sobre las instituciones, disolvieron el Parlamento y conculcaron todas las libertades. Una dictadura total se instaló sobre el país y se prolongó hasta 1985.
El régimen no tuvo nada de progresista, la patria no se salvó y la “comprensión entre trabajadores y Fuerzas Armadas” estuvo muy lejos de la quimera de El Popular. El Partido Comunista fue declarado enemigo del nuevo régimen y pagó en carne propia la tremenda equivocación histórica cometida en febrero. Ningún partido fue tan perseguido por la dictadura militar derechista. Los comunistas fueron masacrados, sus militantes encarcelados por miles y sometidos a torturas salvajes, con un saldo trágico de muertos y desaparecidos.
El hostigamiento duró hasta el final. En mayo de 1983, cuando mandos militares y representantes de los partidos políticos habilitados ya negociaban en el Parque Hotel los términos del regreso a la democracia, una veintena de militantes estudiantiles –casi todos comunistas- fueron detenidos y torturados con saña durante meses. Y cuando la dictadura ya terminaba, en abril de 1984, el médico Vladimir Roslik fue asesinado en Río Negro solo por ser comunista.

A grandes rasgos, ese es un resumen de la película completa.
Nadie miente, entonces. Solo cuentan una parte de los episodios.
¿No han pasado demasiados años, no hemos alcanzado la madurez suficiente, como para contar la historia completa sin que nadie se sienta ofendido?
Medio siglo después de aquellos acontecimientos, parecería haber llegado la hora de no taparse los ojos, de no enterrar la cabeza bajo la arena, de no levantarse e irse como un niño en plena pataleta cuando viene la parte de la película que no nos gusta.
La dictadura, los tupamaros, la violencia política, el terrorismo de estado, el golpe de febrero, el de junio…
¿Seguiremos mirándolo todo con un solo ojo?
Más allá de valoraciones políticas que lógicamente siempre serán diversas, y de los énfasis legítimos que cada uno quiera establecer, sería bueno que pudiéramos asumir los hechos. Completos. No por mitades. Nos gusten hoy o no.
Cuando logremos hablar de todo, de todos los horrores, de todas las víctimas, aquel pasado violento y oscuro podría servir para definir todo lo que nunca más queremos que ocurra.