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ELECCIONES EN NICARAGUA. TODO LO QUE NECESITAS SABER

por Damián Muñiz

Durante estos días y, seguramente, hasta el 7 del mes próximo, oiremos y leeremos mucho sobre las elecciones legislativas en Nicaragua.

Lo cierto es que, para entender el contexto y el marco en el que se dan los comicios, debemos de conocer un poco su historia y, principalmente, su presente por demás problemático y caótico.

El domingo 7 de noviembre, el país centroamericano, celebrara unas nuevas elecciones legislativas, en ellas se renovarán los titulares de los cargos de elección popular de la República en lo establecido por el calendario electoral y la ley electoral vigente, estos son:

Presidente de Nicaragua; 90 diputados de la Asamblea Nacional de Nicaragua y 20 diputados al Parlamento Centroamericano.

Serian unas elecciones más en un país cualquiera si no fuera porque hablamos de Nicaragua, país que preside Daniel Ortega teniendo su primer mandato entre los años 1985-1990 y luego desde el 2007 hasta la actualidad divididos en tres gobiernos (2007-2012), (2012-2017), (2017-2021).

Sus gobiernos han sido caracterizados por la corrupción y el autoritarismo.

Volviendo a las elecciones; debemos de recordar que, luego de las protestas realizadas en 2018 y posterior crisis política, que ha dejado cientos de muertos y exiliados, se realizarán las elecciones correspondientes en la fecha que indica la ley. Las elecciones generales (presidenciales y legislativas) se llevarán a cabo bajo un clima de alta tensión política en el país, con una sociedad dividida y politizada. La oposición al gobierno del presidente Ortega hicieron un llamado para realizar reformas electorales profundas y así respetar el acuerdo suscrito entre el Estado nicaragüense y la Organización de Estado Americanos cuyo lapso vence en mayo como tiempo límite para realizar la reforma electoral. Las nuevas reformas electorales establece que ningún partido político puede recibir financiación externa por parte de gobiernos extranjeros u ONGs, de igual manera establece que las candidaturas deben ser 50% hombres y 50% mujeres.

Entre las reformas electorales propuesta por la oposición está la renovación total de todos los cargos jerárquicos del Consejo Supremo Electoral, en estas elecciones el país centroamericano se juega la credibilidad del sistema democrático, así como también la estabilidad social y económica con tres años de recesión económica debido a la crisis sociopolítica. Para ello, varios países oficiaran como veedores, en donde, según el Índice de Observación Electoral de América Latina, puntúa a Uruguay con 8/30 siendo de una Observación Electoral Débil, al igual que Argentina quien tendría 7/30. Mientras que Venezuela y Cuba cuentan con un puntaje que los cataloga como Observación Electoral Fallida.

Toda esta polémica surge debido a que en los últimos tiempos, el país se ha visto envuelto en polémicas por el supuesto acoso y arresto a candidatos opositores.

El 18 de mayo de 2021 el Consejo Supremo Electoral de Nicaragua le retiró la personería jurídica al Partido de Restauración Democrática por supuestos acosos de pastores evangélicos contra el partido político. También el Órgano Electoral retiró la personería jurídica al Partido Conservador por decir explícitamente que no participaría en las elecciones de noviembre lo que el Consejo Supremo Electoral reclama como una violación a la Ley Electoral vigente por parte de dicho partido.

La misma semana, el gobierno de Ortega abrió una investigación sobre el trabajo de Cristiana Chamorro en la Fundación Violeta Barrios de Chamorro,​ amenazando descalificar su candidatura ya que los candidatos bajo investigación están inhabilitados de postularse.​ El día en el que Chamorro fue citada para ser interrogada, la policía también allanó las oficinas de Confidencial, el canal de televisión de su hermano Carlos Fernando Chamorro Barrios, confiscando equipo y arrestando a un camarógrafo.​ Chamorro, quien fue presidenta del país entre los años 1990-1997, anunció posteriormente que se uniría a las primarias, junto con otros candidatos, para el partido Ciudadanos por la Libertad, el único partido de oposición restante legalmente calificado para postular un candidato en las elecciones de noviembre.​ El gobierno de Ortega anunció posteriormente que estaba inhabilitada para postularse. El 2 de junio el gobierno allanó la casa de Chamorro y la detuvo quince minutos antes de que planeara ofrecer una rueda de prensa. Almagró condenó el arresto.​

El 5 de junio el gobierno de Ortega arrestó a Arturo Cruz, acusado de violar la Ley 1055 aprobada en diciembre de 2020, conocida como la «Ley Guillotina» por los analistas y opositores.​ El 8 de junio fuerzas de seguridad arrestaron a Félix Maradiaga, líder del grupo opositor Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB). Más tarde el mismo día el economista Juan Sebastián Chamorro, primo de Cristiana, siendo el cuarto precandidato en ser detenido. El 25 de julio, María Asunción Moreno, denunciando “persecución política” decide exiliarse del país.​ Posteriormente serían arrestados otros precandidatos, Miguel Mora, Medardo Mairena y Noel Vidaurre en las siguientes semanas.

Daniel Ortega ¿Dictador o Presidente electo? https://diarioeleste.uy/daniel-ortega-dictador-o-presidente-electo/

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