Por Rodrigo Tisnés
Hace ya un buen tiempo (casi un mes cuando comienzo a escribir esto) que fue rechazado el que sin lugar a dudas iba a ser uno de los proyectos más ambiciosos del actual gobierno departamental. Me refiero al proyecto de Fideicomiso con el que se pretendía llevar adelante un “shock” de obras.
Vale recordar que básicamente se trataba de solicitar un crédito a 15 años, por un total de 20 millones de dólares (en principio) para el cual el Ejecutivo precisaba contar con 21 votos en la Junta Departamental, ya que el plazo del crédito tomado excedía el plazo del actual gobierno.
Dado que eso no sucedió, el Ejecutivo se quedó sin esa herramienta que consideraba central para su gestión. Fue, también, el primer revés político significativo para el Intendente, Alejo Umpiérrez.
Sin embargo, poco tiempo quedó para llorar sobre la leche derramada. Porque apenas 20 días después de aquella votación, el Ejecutivo estaba presentando el mayor proyecto de su gestión: el proyecto de presupuesto departamental.
Más allá de lo que se pueda opinar sobre el Fideicomiso, el Presupuesto es la herramienta de gestión central que tiene todo gobierno, departamental o nacional, durante todo el período de gobierno que comprenda su gestión.
Por un lado porque la Constitución así lo establece. En el artículo 275 numeral 3, se comete al Intendente: “Preparar el presupuesto y someterlo a la aprobación de la Junta Departamental, todo con sujeción a lo dispuesto en la sección XIV”.
Para quien no sepa, la Sección XIV es la que comprende, en nuestra Constitución, todo lo referido a la hacienda pública, incluyendo la estructura que debe tener el presupuesto y los tiempos y plazos para estudiarlo y ser aprobado. Si bien la sección se refiere a la hacienda pública nacional y a los presupuestos nacionales, por vía interpretativa, es aplicable a los presupuestos de las Intendencias, con algunas diferencias.
Pero lo más relevante es que en el presupuesto se ven plasmadas los gastos e inversiones previstas en el quinquenio y por año, los escalafones y sueldos funcionales, los recursos y partidas estimadas, y todas las normas necesarias para su ejecución e interpretación.
Es, ni más ni menos, que la bajada a tierra del plan de gobierno que se propuso en la campaña política, pero con muchos más agregados, porque en campaña, el programa no entra en determinados detalles, que luego el formato establecido por la Constitución exige que se cumpla taxativamente.
Por ello se generan tantos debates y expectativas frente a cada instancia de discusión presupuestal. Porque hay pocas chances de lograr modificaciones más adelante, cuando se encuentre vigente. Por eso cada Dirección, en el caso de las Intendencias, pelea por obtener sus recursos y presentar sus planes y compromisos de gestión; así como el gremio de trabajadores municipales se moviliza, reclama y mantiene reuniones con el Ejecutivo para negociar cuales serán las pautas de mejora salarial, ingreso a la función pública, capacitaciones, planes de retiro, y otros aspectos que tienen que ver con las condiciones laborales. Del mismo modo, los Municipios reclaman por obras y que se los contemple con adquisición de maquinaria propia, que les dé un margen de autonomía de la capital.
En principio, y de cara a la instancia de estudio y debate que se viene en la Junta, no debería haber muchas sorpresas.
A diferencia del malogrado proyecto de Fideicomiso, en este caso al oficialismo le basta con sus votos para aprobarlo. Y si bien en política nunca hay que dar nada por seguro, más allá de eventuales diferencias y discrepancias que puedan existir en la bancada del Partido Nacional, el hecho de volver a ser gobierno después de 15 años en la oposición, debería ser un incentivo más que suficiente para que -al menos por ahora- la bancada funcione como un bloque coherente y sólido.
Por el lado del Frente Amplio, queda la sensación que su bancada salió fortalecida luego de todo el proceso de discusión y votación del Fideicomiso. Se especulaba mucho, en la previa, acerca de la posibilidad que la unidad del Frente se pudiera “romper” ya fuera por intereses propios de algunos ediles, como por ceder a una presión popular que nunca existió como tal.
Pero ahora los ediles frentistas, y el Frente como fuerza política, tienen el desafío de estudiar con el mismo rigor el proyecto de presupuesto. No sólo para criticarlo por criticarlo, sino también proponiendo modificaciones, agregados, y alternativas.
Más allá de eso, me parece que luego de toda la discusión que pueda darse, de todos los intercambios y propuestas; si no sería un gesto de republicanismo, más aun teniendo en cuenta que el oficialismo cuenta (debería contar) con sus votos propios para aprobarlo, que la bancada del Frente vote el proyecto en general. O al menos parte de la bancada frentista.
Pero eso, recién lo sabremos dentro de unos ciento veinte días.