El Ministerio de Vivienda se encargará de costear el arrendamiento y Mides subvencionará los servicios de luz y agua

Luego que El Este publicara la noticia de la precaria situación en la cual se encontraban viviendo Nelson, María y su pequeña hija, quien fue diagnosticada con Trastorno de Espectro Autista (TEA),  horas más tarde, recibimos la información de la intervención judicial referida al abordaje de su caso.

En tal sentido, la propia María nos confirmó que el Ministerio de Vivienda se hará cargo del pago de un alquiler mensual de la finca donde se establecerán por un período de dos años.

En estos momentos, la familia se encuentra en la búsqueda de ese inmueble donde finalmente, y después de numerosas vicisitudes, logren ofrecer un resguardo habitacional, especialmente a su hija.

Como informáramos en su ocasión, el periplo de estos padres, oriundos de Treinta y Tres, comenzó en su propio departamento, cuando desavenencias familiares, y tras el fallecimiento de la madre de María, la modesta casa que habitaban fue vendida por el viudo, quien ofreciera una escasa suma de dinero para que buscaran otro lugar donde establecerse.

Allí dio inicio una serie de intentos para dar la mejor utilidad posible al magro dinero recuperado, por lo que lo invirtieron en la reparación de una finca, propiedad de una hermana de Nelson.

Sin embargo, una vez que la misma estuvo en condiciones, también fueron desalojados, motivo por el cual quedaron en la calle.

La intervención de INAU, en esa oportunidad, debido a que la pequeña se hallaba viviendo junto a sus padres, en situación de calle, derivó en la orden al abuelo materno a pagar una semana de alquiler en una pieza con baño de la cual también tuvieron que marcharse.

Entre múltiples contratiempos, y debiendo tener que atender a la niña en el Hospital Pereyra Rossell de la capital del país, Nelson y María se trasladaron a la limítrofe ciudad de Barros Blancos, en el Departamento de Canelones, donde tras haber alquilado una precaria vivienda, con múltiples desperfectos, corrieron la misma suerte que en oportunidades anteriores, y tras reclamar a la propietaria, esas reparaciones, fueron desalojados, sin aviso previo.

Del mismo modo procedió una segunda arrendadora hasta que finalmente decidieron ubicarse, bajo unas lonas en un predio municipal, en la zona de Manga, Montevideo.

Fue bajo estas condiciones que estaban viviendo, cuando Diario El Este se contactó con María quien nos narró la compleja situación que atravesaban.

Atemorizados de volver a ser desplazados de las habitaciones que les habían ofrecido, algunas personas conmovidas por la situación, esta madre dijo a El Este, que únicamente estaban en la búsqueda de donaciones de materiales para poder construir algún lugar donde tuviesen la certeza de poder dar techo digno a su hija sin temor a ser desalojados.

Horas más tarde, y tras intervención judicial, se dispuso que el Ministerio de Vivienda se hiciera cargo del alquiler de una casa por un período de dos años.

Así mismo, el Ministerio de Desarrollo Social, subvencionará los servicios esenciales de luz y agua.

En las últimas horas, El Este volvió a contactarse con la familia, desde donde nos confirmaron esta resolución, al tiempo de adelantar que si bien, por el momento no se han mudado, ya se encuentran en la búsqueda de la finca cuyo monto de alquiler mensual establecido, no fue revelado.

(Fotografía de portada, Pata Eizmendi Fotografías)