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Familiares del joven asesinado en la cárcel de Melo piden se investigue por demora en la asistencia

por Karina Caputi

Afirman haber avisado que la víctima necesitaba auxilio, pero  no obtuvieron respuesta

Nicolás Echeran Borba tenía 19 años, era oriundo de la ciudad de Melo donde vivía con su familia.

De acuerdo a versiones de conocidos, e incluso, de un docente Nicolás era un joven tranquilo y buen estudiante, hasta que conoció el mundo de las drogas.

Ese umbral lo condujo a enfrentamientos y conflictos, que no habían pasado a mayores, hasta una discusión ocurrida en una plaza pública, donde hirió a otro joven.

Por ese crimen se encontraba cumpliendo una condena en la cárcel de Conventos en la ciudad melense, del Departamento de Cerro Largo.

En horas de la madrugada de este domingo 26 de diciembre, sus familiares fueron informados, por otros privados de libertad, que Nicolás había sido herido gravemente por otro recluso en medio de una discusión.

Según versiones de los allegados a la víctima, al tomar conocimiento del hecho, se contactaron de inmediato con el establecimiento carcelario para saber cómo se encontraba el joven, pero se les dijo que no tenían conocimiento que hubiese sucedido incidente alguno.

Sin embargo, la familia insistió una y otra vez, hasta que sobre el mediodía, se les comunicó que Nicolás había fallecido como consecuencia de una herida de arma blanca que provocó el deceso.

Según afirma la abuela del joven, desde el centro penitenciario negaban la situación, mientras el herido agonizaba.

“Mi nieto muerto en la cárcel, y me negaban que estaba mal. Lo dejaron desangrar. Para ellos, estaba todo en orden en el Conventos, y yo sabiendo todo” dijo su abuela Carmen Borba.

La mujer agregó que su nieto “no cayó por drogas, ni violar, ni matar, sino por líos, nomás”.

El episodio de este nuevo homicidio, en este caso, en una cárcel del interior del país, moviliza a diversas organizaciones quienes reclaman una reunión con las autoridades ministeriales para abordar la problemática.

Nadie Crece A La Sombra, una organización defensora de los derechos humanos, cuyos integrantes apelan a políticas alternativas a la prisión para asegurar la rehabilitación de privados de libertad potencialmente capaces de reinsertase en la sociedad, ha denunciado llevar 4 meses reclamando una entrevista con el Ministro, sin haber obtenido respuesta.

Paralelamente, grupos de madres y familiares de adictos, ven con preocupación los crímenes perpetrados contra privados de libertad, dado que, en muchos casos, sus hijos han sido condenados por delitos relacionados al consumo de sustancias.

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