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FRANCISCO Y LA HIPOTECA SOCIAL - Diario El Este

FRANCISCO Y LA HIPOTECA SOCIAL

En un reciente mensaje destinado a la Organización Internacional del Trabajo, el Papa Francisco recordó que el derecho de propiedad es un “derecho natural secundario”. Especialmente en la Argentina, donde nos creemos que cada cosa que dice el ex Arzobispo de Buenos Aires está dirigido (siquiera de manera subliminal) a apoyar o criticar al actual gobierno, la frase levantó alguna polvareda.
Yo no puedo saber sobre las intenciones que han tenido las palabras del Papa Bergoglio, aunque si puedo recordar algunos principios de la tradicional Doctrina Social de la Iglesia sobre la propiedad

I. Introducción. La propiedad privada.
A los efectos de los intercambios que ocurren en la vida social –especialmente en un régimen de mercado- o es absolutamente necesario que exista “lo mío” y “lo tuyo”, al menos en un sentido estricto. Es posible intercambiar bienes comunes, no privados, siempre que los sujetos del intercambio tengan algún poder de disposición sobre ellos. Quizás (es imposible saberlo con certeza) de esta manera comenzó el proceso fáctico de apropiación privada de los bienes, especialmente de aquellos que fueron obtenidos o elaborados mediante el esfuerzo de quien, así, los hizo propios. Estos bienes, en general, no existían (al menos disponibles) antes de que el hombre los extrajera (de la tierra, incluyendo la caza) o elaborara, aunque en una relación causal más lejana o más cercana, según los casos, muchos de sus componentes eran preexistentes. La tierra también era y es preexistente, aunque fue siendo apropiada a lo largo de la historia, muchas veces con métodos violentos, aunque hayan sido ya “purificados” por el trabajo de generaciones en el devenir del tiempo.
La cuestión de la propiedad es también y principalmente, una cuestión moral. El Papa Francisco, en Laudato si’ (L.s.) nº 93, nos recuerda que “Hoy creyentes y no creyentes estamos de acuerdo en que la tierra es esencialmente una herencia común, cuyos frutos deben beneficiar todos”. El “origen primigenio de todo lo que es un bien”, señala San Juan Pablo II en la encíclica Centesimus annus (C.a.) nº 31, “es el acto mismo de Dios que ha creado el mundo y el hombre” (un no creyente podría decir que el origen es la misma naturaleza). Esta, o Dios, “…ha dado la tierra a todo el género humano para que ella sustente a todos sus habitantes, sin excluir a nadie ni privilegiar a ninguno. He ahí, pues, la raíz primera del destino universal de los bienes de la tierra… (la que) no da sus frutos sin una peculiar respuesta del hombre (a ese don) es decir, sin el trabajo…De este modo (el hombre) se apropia una parte de la tierra, la que ha conquistado con su trabajo: he ahí el origen de la propiedad individual…” Y agrega “A lo largo de la historia, en los comienzos de toda sociedad humana, encontramos siempre estos dos factores, el trabajo y la tierra…” (destacado en el original). También podríamos decir: el trabajo y el capital (como acumulación de parte de los frutos del trabajo) a lo que deberíamos agregar (siguiendo a Juan Pablo II) “el conocimiento”, siempre teniendo en cuenta que tanto el capital como el conocimiento son fruto de la inteligencia y el trabajo humano.
Pero el trabajo humano solo rinde frutos apropiables en el ordenamiento jurídico y conforme con el mismo. En consecuencia, el relativo a la propiedad privada no puede ser sino un “derecho natural secundario y derivado” del aquél otro, “originario y prioritario” (Francisco; Fratelli tutti –Ft- nº 120), esto es el derecho natural a que los bienes, ya sean creados por Dios (naturales) o por el hombre (resultado de la labor e ingenio humano, siempre social) se encuentran destinados al Bien Común razonablemente distribuido.
La consideración de la propiedad como un derecho natural secundario y derivado tiene importantes consecuencias. Primero indica que es un derecho que resulta de la ley natural, que es lo propio de la dignidad humana conforme con su naturaleza. Así entonces, la ley que aboliese totalmente, o de un modo central, la propiedad privada, sería una ley injusta en tanto que contraria a la misma razón, pues es la razón la que nos permite conocer la ley natural, cuyo primer precepto es el que nos manda a “dar a cada uno lo suyo”, es decir, “lo propio del otro”.
“Lo propio del otro” reconoce dos niveles: el principal, que obliga a dar lo que es propio a la dignidad humana, el secundario, que obliga a dar lo que es derivado del trabajo humano. De acuerdo con esto la propiedad privada se referencia a la dignidad humana por dos razones: la primera y principal es en razón de la misma dignidad del hombre, lo que importa la digna satisfacción de sus necesidades sustanciales (en la familia, ya que los hombres y las mujeres están llamados naturalmente a procrear); la segunda en razón de la dignidad del trabajo, aunque dignidad del hombre y dignidad del trabajo no son sino dos formas de enunciar una misma realidad. Debe ser considerado como el objetivo principal del ordenamiento jurídico, del “contrato social” y de los “contratos sociales”, del mercado y de la organización política y económica, la generación de puestos de trabajo. Este es, o debería ser, el “gran tema” (Ft, 162) de la política mundial, “(P)orque no existe peor pobreza que aquella que priva del trabajo y de la dignidad del trabajo” (Ft, 162).
El hombre tiene derecho a que se atiendan sus necesidades básicas porque sin ello su dignidad humana se vería depreciada. Pero también tiene derecho a que ello se haga, en la máxima medida de lo posible, a través de dotarlo de trabajo, de manera que la satisfacción de sus necesidades básicas (de su dignidad) sea fruto de su propio trabajo, el que así, una vez dotado, es también un deber. Como los frutos del trabajo normalmente superarán (o deberían superar) a lo necesario para una subsistencia digna, aquello que lo supera, que podemos denominar “plusvalía”, deberá distribuirse racionalmente entre los productores (los formadores e inversores de capital y los que brindan su trabajo personal, físico o intelectual) y el resto de la comunidad, especialmente los más necesitados. Estos, desde la perspectiva analizada, son los “más propietarios” ya que son los que más tienen derecho a los bienes necesarios para restaurar su dignidad.
Por las razones expuestas, la propiedad privada es un derecho derivado, ya que no surge directamente de la naturaleza del hombre, sino de lo que a éste es necesario para serle reconocida tal dignidad, sin perjuicio de resultar de la intermediación del trabajo humano (el que también es formador de capital). A la vez, es un derecho secundario, porque mientras la vida, la salud, la alimentación, la procreación, la alabanza a Dios, el abrigo (vivienda), la búsqueda de la “felicidad”, esto es, del bien y de la verdad, el trabajo, son derechos primarios, ya que sin ellos el hombre no es tratado como hombre –es descartado o marginado en su humanidad- la propiedad de otros bienes es instrumental o servicial con respecto a aquellos enumerados.
No debemos dejar pasar muy rápidamente aquella idea acerca del carácter instrumental de la propiedad privada con respecto a otros derechos naturales (o fundamentales) que son componente esencial primario de la dignidad humana. La propiedad no es un derecho natural primario, sino secundario, pero es también un derecho natural. Es de una “instrumentalidad natural”, en el sentido que, como principio general, es, y debe ser, adecuada y rectamente ordenada, a la garantía de la dignidad humana (de todos, propietarios y no propietario) y también a la producción de los bienes con los que esta dignidad también precisa nutrirse. Como todo principio general admite excepciones de acuerdo con las circunstancias, pero por la misma razón de ser principio general, aquellas excepciones deben interpretarse restrictivamente.
Con tales alcances el derecho a la propiedad privada fue ha sido tradicionalmente sostenido por teólogos, filósofos y juristas cristianos.

La relación entre el trabajo (ya vimos que necesariamente cooperativo, social) y la propiedad, hace que ambos compartan sus también sus notas esenciales. Así, el valor personalizador, esto es, su fuerza transformadora del individuo en persona, y el valor comunitario: se trabaja también para otros y se posee también para otros; el trabajo y la propiedad expresan, junto con aquella potencialidad personalizadora, un aporte a la riqueza social.
Pero no debemos olvidar que toda acción del hombre se encuentra orientada hacia el logro de su propio bien. Aunque éste sólo es posible en el bien común, el incentivo de la propia felicidad en la felicidad (sustento) de la propia familia es razón primera del esfuerzo laboral. El hombre tiende naturalmente a apropiarse de los frutos de su trabajo, incluso cuando tales frutos se acumulan formando lo que denominamos capital. Así entonces, la vocación por el trabajo y la disposición para ejecutarlo será especialmente fomentada -siempre según las circunstancias, ya que pueden existir otros medios, como el régimen hereditario, aunque éste también se funda en el trabajo de las generaciones precedentes- en tanto se asegure al sujeto la apropiación privada de los frutos de su trabajo, incluso del capital (dinero y otros activos) que aquellos frutos hubiesen podido producir. El incentivo al que acabamos de hacer referencia es también ayudado cuando el sujeto del trabajo puede prever y aspirar razonablemente a que sus hijos disfruten del resultado de su esfuerzo, aun después de muerto, lo que explica la existencia del instituto de la herencia como un verdadero “derecho de gentes” (derecho comúnmente aceptado por los pueblos).
Si bien la difusión de la propiedad privada de los bienes de uso, consumo y goce (incluyendo la vivienda) se encuentra, con ya escasas excepciones, universalmente aceptada, no ocurre lo mismo con relación a los bienes o medios de producción, seguramente debido a las dificultades que aquejan a la implementación de una difusión significativa entre la totalidad de los sujetos del proceso productivo.
Quizás hoy el obrero no desee ser, jurídicamente, “socio” del empleador, sino, mejor, que se le asegure la estabilidad en el empleo, un salario digno, el acceso a la vivienda familiar y a la seguridad social (seguro médico familiar y seguro de pensión). Para ello es imprescindible asegurar el trabajo “en blanco” y la sindicalización (protección gremial que iguala la fuerza de negociación entre empleado y empleador, especialmente gracias a la negociación colectiva). Estos aspectos son primeros en la preocupación gremial con relación a la participación de los trabajadores en la propiedad de la empresa, sin perjuicio de instituciones como la del accionariado obrero, de difícil éxito si se la considera como una mera participación accionaria. Por ello la ya citada C.a. destaca la “legitimidad de los esfuerzos de los trabajadores por conseguir el pleno respeto de su dignidad y espacios más amplios de participación en la vida de la empresa, de manera que, aun trabajando juntamente con otros y bajo la dirección de otros, puedan considerar en cierto sentido que trabajan en algo propio, al ejercitar su inteligencia y libertad” (nº 43). En definitiva, el obrero es “propietario” de su fuerza de trabajo, incluso intelectual, la que aporta a la empresa para recibir en cambio una retribución en forma de salario y prestaciones sociales, amén de los derechos, especialmente patrimoniales, derivados de la estabilidad y antigüedad en el empleo. Se trata de una forma de “sociedad” (trabajo-capital) de base voluntaria y de regulación legal, mayoritariamente imperativa y a través del instituto convencional colectivo. Estos principios también fueron recordados (aunque quizás no suficientemente advertidos por los comentaristas) por Francisco en su alocución a la OIT.
En la misma línea de valoración del trabajo en su relación con la propiedad, es cada vez más importante y vigente la advertencia contenida por San Juan Pablo en el nº 32 C.a.: “Existe otra forma de propiedad, concretamente en nuestro tiempo, que tiene una importancia no inferior a la de la tierra: es la propiedad del conocimiento, de la técnica y del saber. En este tipo de propiedad, mucho más que en los recursos naturales, se funda la riqueza de las naciones industrializadas” (destacado en el original). Las palabras pontificias, a treinta años de pronunciadas, parecen proféticas. Hoy será necesario impulsar y asegurar la dignidad del trabajo en la “sociedad del conocimiento”, el nuevo modelo productivo resultante de la digitalización y la inteligencia artificial.
II. Propiedad y mercado.-
El respeto por parte del ordenamiento jurídico de, al menos, la sustancia del derecho a la propiedad particular (de las partes), y privada (no destinada, en forma inmediata, a servir a lo público), permite la existencia del patrimonio, tanto en su activo como en su pasivo. Ambos (activo y pasivo) son resultado –además de conductas materiales, como el trabajo- de relaciones jurídicas mayormente bilaterales, de intercambio de bienes. El patrimonio es constituido y, a la vez, potencialmente constitutivo, de derechos y obligaciones y así se encuentra en la base de todas las relaciones jurídicas que se denominan, precisamente, “patrimoniales”, esto es, de los contratos. Son, por tanto, relaciones jurídicas constitutivas del “mercado”.
Por ser “privada” la propiedad, la disposición de los bienes, y por tanto su intercambio, se lleva a cabo conforme con la autonomía de la voluntad de las partes. En ese intercambio, en la relación jurídica contractual que lo sustenta, las partes establecen su propia ley, que es entonces una “ley” (en el sentido de norma jurídica, o regla de conducta con efectos y exigibilidad jurídicos) autónoma, endógena, privada y particular.
El valor normativo privado del contrato quedó brillantemente expresado en el art. 1197 del antiguo Código Civil argentino, fruto de la pluma de Dalmacio Vélez Sarsfield: “Las convenciones hechas en los contratos forman para las partes una regla a la cual deben someterse como a la ley misma”. El contrato es la lex propria de los contrayentes, sustentada en el consentimiento mutuo, ley que puede variar, prolongarse o extinguirse mediando la común voluntad de aquellos. Es una norma o regla que expresa un compromiso regido por la virtud de la justicia conmutativa. No contradice a la (mejor) prosa jurídica de Vélez Sarsfield, el actual texto del art. 957 del Código Civil al declarar que el contrato contiene un consentimiento-regla de las relaciones jurídicas patrimoniales.
Así el derecho natural secundario a la propiedad, se entiende que “privada” o “particular”, es garantía de libertad y de pluralismo social; estrictamente asegura y da fuerza a la existencia de la Sociedad privada, o Sociedad a secas (el sector privado del ordenamiento jurídico) frente al Estado en sentido lato (sector público del ordenamiento jurídico).
El documento “fundacional” de la Doctrina Social de la Iglesia, la encíclica Rerum novarum (Rn, año1891), de León XIII (nada liberal, por cierto) también resalta el carácter natural de la posesión los bienes “con derecho estable y permanente … tanto los bienes que se consumen con el uso, cuantos los que, pese al uso que se hace de ellos, perduran” (nº 4). La propiedad es un derecho natural (aunque secundario, como vimos) del hombre y de ahí “la necesidad de que se halle en el hombre el dominio no sólo de los frutos terrenales, sino también el de la tierra misma, pues ve que de la fecundidad de la tierra le son proporcionadas las cosas necesarias para el futuro” (nº 5); y aclara “El que Dios haya dado la tierra para usufructuarla y disfrutarla a la totalidad del género humano no puede oponerse en modo alguno a la propiedad privada” (nº 6) ya que tal don no lo fue para que “(la) posesión (de la tierra) fuera indivisa para todos, sino porque no asignó a nadie la parte que habría de poseer, dejando la delimitación de las posesiones privadas a la industria de los individuos y las instituciones de los pueblos” (nº 6), es decir, al trabajo, a los intercambios contractuales y al sistema resultante del ordenamiento jurídico como exigencia de la “justicia general” que también define “la función social de la propiedad”, o su “hipoteca social”, como lo veremos en el próximo numeral.
Sin perjuicio de aquella “función social”, la experiencia histórica ha demostrado que la propiedad privada, especialmente la referida a los medios de producción, ha aportado una fuerte ayuda en favor la innovación, la inversión, la eficiencia en la conversión de costos en resultados (ambos siempre terminan siendo sociales), la eficacia en la producción. Por su parte, la experiencia comunista ha arrojado un tremendo fracaso, de la misma manera que, en general, ha fracasado el recurso a las “empresas estatales” (es decir, la propiedad estatal de determinados y concretos medios de producción), aun en sistemas de libre mercado, en muchos casos también azotadas, tales empresas, por el flagelo de la corrupción.
III. La propiedad y su “hipoteca social”.
Señalar que la propiedad tiene una “función social” dice mucho y, a la vez, dice poco. Dice poco, porque todos los derechos tienen una “función social”, tanto porque, siempre y necesariamente, se ejercen en sociedad, como en razón de su utilidad social, ya sea desde una perspectiva pasiva (es socialmente bueno que el derecho sea reconocido) como activa (el ejercicio del derecho –por ej. a trabajar- enriquece a la sociedad).
Claro que expresiones como la de “función social”, tienen, en realidad, un valor simbólico, incluso “propagandístico”, en el sentido de difusor de la idea. Con el mismo alcance, e incluso con mayor fuerza expresiva, es posible sostener que la propiedad privada se encuentra gravada por una “hipoteca social”, como lo subraya Francisco (Laudato si, 93) siguiendo a San Juan Pablo II.
La hipoteca es derecho real de garantía que acompaña al bien gravado cualquiera sea su propietario. En la generalidad de los ordenamientos, la hipoteca grava cosas inmuebles, pero, a nuestros efectos, podemos utilizar la idea en su aplicación sobre cualquier tipo de bien: derechos y cosas muebles e inmuebles.
Lo importante de esta figura, para nosotros, es que conlleva la idea de “gravamen” o “carga”, la idea de “garantía”, la idea de deuda, como también la idea de “igualdad”; en realidad, de “una cierta igualdad”: la hipoteca, como hemos adelantado, por trasladarse con la misma transferencia de la propiedad, grava a cualquier propietario por el solo hecho de serlo.
La “hipoteca social” supone la existencia de una deuda, de un deudor y un acreedor. La deuda consiste en la utilización de la propiedad en beneficio social, o al menos, en evitar que tal uso (o no uso) importe un perjuicio social. Necesariamente habrá entonces un acreedor, la sociedad –o el sector de la sociedad que la autoridad identifique (seguramente los más pobres) y un deudor, el propietario.
El gravamen o carga indica que la propiedad debe soportar un peso que limita su uso, en la medida requerida por la deuda, y por ello es una garantía, solo exigible para afrontar, concretamente, la deuda. ¿Cuál es aquella medida? ¿Cómo establecemos el valor de cancelación de la deuda? La medida estará dada por la virtud de la justicia general o legal, esto es, en última instancia, por la ley emanada de la autoridad (que es electiva y representativa) como medio racional de alcanzar el Bien Común.
La Constitución Nacional argentina reconoce estos principios, a la vez que le otorga al Congreso los medios para aplicarlos. El art. 14 reconoce el derecho de “Todos los habitantes de la Nación…de usar y disponer de su propiedad”, pero “conforme con las leyes que reglamenten su ejercicio”, las que no deben alterar la sustancia del derecho (art. 28). Precisamente el art. 17 prescribe que “(L)a propiedad es inviolable…”, a la vez que otorga el Congreso el poder de expropiar la propiedad (de bienes muebles o inmuebles, derechos o cosas) por razones de utilidad pública, es decir, de Bien Común, declarada por ley y previa indemnización.
Recordemos que la expropiación importa la transferencia imperativa de la propiedad del bien del particular al Estado (en general). No es una compraventa, como tampoco la indemnización es precio, al menos no es el precio del mercado. La decisión de expropiar no es revisable por los jueces, quienes solo puede juzgar acerca de la justicia de la indemnización, siempre dentro de los límites de la ley.
¿No es esta una suerte de “hipoteca social” sobre la propiedad privada? Fue declarada por nuestros Padres Fundadores de 1853, en un texto (de los arts 14, 28 y 17) que siguen vigentes, sin modificación alguna, ya por más de ciento cincuenta años. Algunos de los Constituyentes de 1853 eran sacerdotes católicos, todos eran creyentes, educados en colegios y universidades profundamente influidas por la filosofía cristiana.

1 comentario en “FRANCISCO Y LA HIPOTECA SOCIAL

  1. Sencillamente genial y me da base para el artículo q estoy preparando: «Comunismo sin comunistas?.».

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