Diario El Este

¿Interés general o interés partidario?

Por Miguel Sanguinetti
Recientemente hemos asistido a la publicidad que ha dado la bancada de ediles del FA sobre un recurso de inconstitucionalidad presentado en referencia a un proyecto que, con mayoría absoluta de los ediles presentes el día de su tratamiento, se aprobó en la Junta Departamental.
Hay que circunscribir la situación, para ello tenemos que decir que se trata de un anteproyecto que pretende evolucionar hacia un emprendimiento privado de una inversión considerable en la zona de la Laguna Garzón; personalmente debo decir que cualquier proyecto de inversión en el territorio del departamento debe ser a priori abrazado por los actores políticos por obvias razones que no son ni más ni menos que el avance y el desarrollo de Rocha. Pero, más allá de consideraciones personales debemos analizar objetivamente el asunto: existe una normativa de protección costera que impide el fraccionamiento en parcelas menores en determinadas zonas de nuestro departamento con el fin de la preservación del bien superior que es, sin duda, nuestro bendecido ecosistema. El anteproyecto en cuestión, contrariamente a lo que esgrimen los ediles de la oposición, presenta un plan cuidadoso de intervención y conservación del paisaje agreste y su entorno, esto es lo primero que debemos dejar en claro. Cómo segunda cuestión, hay que decir que la autorización que se pide por vía de excepción a la Junta Departamental es para avanzar en los permisos medioambientales correspondientes, pero además, como dato de gran relevancia para la cuestión, hay que decir que la bancada de coalición agregó al mensaje original del ejecutivo un apartado determinante que establece que la autorización en cuestión solamente operará en tanto y en cuanto el Ministerio de Ambiente apruebe la viabilidad del proyecto definitivo. Dicho esto, debemos sostener que toda la discusión posterior no es ni tan siquiera por el proyecto, sino que es definitivamente con fines políticos. Y en esto tenemos propiedad para afirmarnos, la discusión luego de esto se centró en esa vieja postura de que todo inversor que quiere aterrizar en nuestro departamento es como un monstruo de siete cabezas que viene a devorar todo lo que está a su paso, este tipo de argumentos ya lo hemos visto antes en esta misma legislatura, por ejemplo cuando los criteriosos ediles opositores marcaban que el Intendente quería beneficiar a algún amigo con la amnistía tributaria y por lo tanto no acompañaron aquella iniciativa; más lo paradójico del tema es que muchos de ellos terminaron haciendo convenio por sus deudas tributarias amparados en una resolución que no acompañaron.
Quienes acompañan hoy este recurso de inconstitucionalidad empujados por una figura que despreció siempre el trabajo de la Junta Departamental llegando a decir que no necesitaba a los Ediles para gobernar, son los mismos que levantaron las dos manos y defendieron a capa y espada un proyecto de similares características hace algunos años en la misma zona, un proyecto que nació viciado de anomalías y desviaciones de las normas ya que la evaluación ambiental negativa que tuvo fue cambiada en menos de doce horas a una ampliamente positiva mediante presiones políticas al más alto nivel.
En definitiva, este recurso que hoy se presenta, más allá de las consideraciones que se puedan hacer sobre si es admisible o no ya que la doctrina mayoritaria marca de que este tipo de recursos debe presentarse ante el Tribual de lo Contencioso Administrativo y no ante el Parlamento, tiene un claro objetivo que es el de suspender el permiso que se admitió para avanzar en la viabilidad del proyecto trayendo con ello marcados perjuicios para quien lo pretende ejecutar y por consiguiente para la Intendencia de Rocha y por supuesto para todos los rochenses, pero además refleja la clara intención de trancar, frenar, obstruir, destruir todo aquello que el gobierno haga en pos del desarrollo del Departamento. Ha sido, es y seguirá siendo la única función que desempeña la oposición en este período de Gobierno.