Simulaban ser el subsecretario de presidencia, Rodrigo Ferrés, y el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas
La organización delictiva operaba desde una cárcel en el departamento de Florida, en el centro del país.
Formaban parte de las operaciones personas que estaban presas dentro de la Unidad 19 de Florida y otras que estaban fuera, haciéndose pasar por jerarcas del gobierno que estaban “interesados” en organizar canastas de alimentos para entregar a colectivos en forma de donación.
Lograron estafar a empresas por montos de 300.000 pesos uruguayos, un equivalente a casi 7.000 dólares americanos, informó La Diaria. De esa forma fue que llegaron prácticamente al millón de pesos (cerca de los 23.000 dólares).
Para realizar la estafa se hacían pasar por Daniel Salinas, Ministro de Salud Pública, y por Rodrigo Ferrés, el prosecretario de Presidencia.
Ejemplos de empresas estafadas son la empresa de yerba mate Canarias, Refrescos Lyda, y Soldo Hermanos, que vende una variedad de productos comestibles.
Los delincuentes llamaban desde la cárcel a las compañías, pidiendo productos para el armado de la supuesta canasta. En una de las estafas, un hombre que se presentó como Ferrés pidió a la empresa de bebidas olimareña, la donación de 300 paquetes de refresco para entregársela a una ONG.
Otra estafa implicó que otro hombre llamara diciendo que era el ministro Salinas y le pidió a una marca de yerba y a otra de jabones que donaran mercadería para darle a los trabajadores de Casa de Galicia, una mutualista que cerró recientemente en Uruguay y que tuvo gran alcance público, porque se quedarían sin trabajo.
Los empresarios accedieron a la venta e hicieron la entrega de los productos solicitados a un flete que, según les dijeron, era pagado por el gobierno. Compraron alrededor de 400 canastas con productos de limpieza, higiene y alimentación, informó el Ministerio del Interior.
Los estafadores contrataron un camión con chófer que retiraba los productos, acompañado de una mujer que se hacía pasar por funcionaria del Ministerio de Salud Pública. Aunque la transferencia de dinero no se había hecho a las empresas, los artículos se entregaban porque las empresas confiaban en que, como se trataba de un organismo del Estado, el pago se realizaría.
A través del sistema de videovigilancia policial, se pudo ubicar al camión y se hizo un seguimiento hasta el lugar donde descargó la mercadería. También se identificó el vehículo personal de la mujer que se hacía pasar por funcionaria de salud.
Tras dos allanamientos, se identificó a cinco involucrados, de los cuales tres ya fueron condenados por la Fiscalía Letrada de Treinta y Tres de 1° Turno, a cargo de la fiscal Virgina Sigona.
Un hombre de iniciales “A.M.” fue condenado a dos años y dos meses de penitenciaría, otro bajo el nombre de “A.L.” fue condenado a 20 meses de prisión y una mujer, de iniciales “N.A.”, fue condenada a diez meses de prisión en régimen de libertad a prueba.
A las otras dos personas se les impuso medidas limitativas de la libertad mientras continúa la investigación a la espera del juicio oral. Mientras tanto, Fiscalía busca a más personas involucradas en la maniobra e intenta determinar el destino final de la mercadería.
Las autoridades recomendaron a la población estar alerta frente a esta maniobra y denunciar en caso de haber sido víctima. También recordaron que los organismos públicos tienen mecanismos previstos para la adquisición de bienes y servicios, como es el sistema de compras estatales.