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Nicaragua: Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó al gobierno de Daniel Ortega a parar la represión - Diario El Este

Nicaragua: Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó al gobierno de Daniel Ortega a parar la represión

El organismo, que depende de la Organización de los Estados Americanos (OEA), denunció la grave escalada contra dirigentes políticos y sociales. Además, exigió mediante un comunicado en la pasada jornada que el régimen libere a todos los opositores detenidos.

Ortega, que se encuentra en el poder desde 2007, enfrenta desde abril de 2018 una crisis política detonada por protestas masivas que piden su salida. Estas manifestaciones han tenido como saldo 328 muertos, 2.000 heridos, 1.600 detenidos y más de 103.000 exiliados, según el MESENI, el grupo especial de la CIDH para seguimiento de la situación en Nicaragua.

“Desde el inicio de la crisis en 2018, la situación de derechos humanos en el país ha seguido deteriorándose, en un contexto de impunidad generalizada y el prolongado quebrantamiento del Estado de Derecho”, indicó la CIDH que además informó que a la fecha, más de 124 personas permanecen privadas de libertad de manera arbitraria en Nicaragua.

La seguidilla de arrestos en Nicaragua comenzó el 2 de junio con la detención de la aspirante presidencial Cristiana Chamorro, hija de la exmandataria Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), a quien acusan de lavado de activos.

También están detenidos el ex diplomático Arturo Cruz, el politólogo Félix Maradiaga y el economista Juan Sebastián Chamorro, primo de Cristiana. Todos son posibles adversarios de Ortega, quien se estima buscará un cuarto mandato consecutivo en los comicios previstos para el 7 de noviembre.

Asimismo, recordó que salvo Cristiana Chamorro, todos fueron arrestados en virtud de la “Ley No. 1055 de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, soberanía y autodeterminación para la paz”, una cuestionada iniciativa que castiga con cárcel a las personas que supuestamente promueven la intervención extranjera.

Por último, la Comisión también denunció un “empleo desproporcionado de la fuerza” por parte de la policía en el momento de las detenciones, y dijo que muchos familiares de los detenidos no tienen información sobre los sitios de reclusión. Además, señaló falta de garantías legales para ellos.