El reclamo se ha multiplicado por miles y se levantan firmas para que sea trasladada

Desde hace casi dos décadas, Argentina viene avanzando de manera constante en materia de derechos asignados de acuerdo a la autopercepción de género y sexual que presente cada persona.

Ya en 1997, se creó la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti-Transexual para defender los derechos de las personas transgénero, pero una de sus primeras victorias fue en el año 2006 cuando la Corte Suprema revocó el fallo de un tribunal de primera instancia que había declarado que las personas transgénero no tenían derecho legal a organizarse y luchar por sus derechos.

En 2007, la Corte Suprema dictaminó que una joven de 17 años de edad, tenía el derecho legal de realizarse una cirugía de reasignación de sexo y que sus documentos legales reflejaran su identidad de género.

En 2012, los senadores aprobaron por unanimidad la ley de identidad de género, la cual otorga a los adultos la posibilidad de acceder a la cirugía de reasignación de sexo y la terapia hormonal como parte de sus planes de salud públicos o privados.

La ley también permite cambios en el género, imagen o nombre de nacimiento en el registro civil sin la aprobación de un médico o un juez y en 2013, una niña de seis años llamada Luana, quien fue designada masculino al nacer, se convirtió en la primera niña transgénero en Argentina en cambiar su nombre oficialmente en sus documentos de identidad.

Es la única ley de identidad de género del mundo que, conforme las tendencias en la materia, y es considerada una de las más progresistas del mundo.

En 2015 la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ministro de Salud, Daniel Gollán, firmaron el decreto 903/2015 de la ley 26.743 de Identidad de Género en el que se establece que podrán acceder a «intervenciones quirúrgicas totales y parciales y/o tratamientos integrales hormonales, todas las personas mayores de edad sin requerir autorización judicial o administrativa» quedando incorporados los tratamientos a cargo de las obras sociales.

Las operaciones y tratamientos hormonales integrales de adecuación del cuerpo se incluirán en los sistemas públicos y privados de salud, siendo parte del Plan Médico Obligatorio.

A esto se suma al año siguiente la ley del cupo laboral del 1% en la Administración Pública Provincial para Personas Travestis, Transexuales y Transgéneros  y el 4 de septiembre del 2020 a través del decreto 721/2020, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, estableció el Cupo Laboral Travesti Trans en el sector público, que garantiza un mínimo del 1% de la totalidad de cargos y contratos para personas travestis, transexuales y transgénero, argumentando que se buscaba reparar una desigualdad estructural que existe en la sociedad respecto a la población travesti trans.

Todos estos elementos, que materializan las reivindicaciones de la colectividad LGTB podrían volverse en contra de Abigail Páez, la pareja de Magdalena Espósito, mamá del pequeño Lucio de cinco años, en Argentina, ambas acusadas del crimen del niño.

Este brete que enfrenta la justicia se centra en el reclamo de miles de personas que están exigiendo que Páez, sea realojada en un penal de hombres, teniendo en cuenta su orientación sexual. “Si se autopercibe hombre, que cumpla su condena en una cárcel de hombres” es el reclamo de miles de internautas que comienzan a organizarse para oficializar el pedido ante tribunales con el propósito de que sea derivada a un centro penitenciario masculino.