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Tribunal de Cuentas observó partida mensual para cubrir gastos a ediles de Rocha

por Daniel Altez

Existe una resolución del mes de enero de este año, dictada por la Junta Departamental de Rocha, por la que se asigna una partida de carácter mensual – $ 25 mil- a cada edil- a los efectos de cubrir los gastos que se originen en el cumplimiento de sus funciones.
La referida resolución expresa que los ediles de los tres partidos políticos con representación en la Junta Departamental de Rocha (Partido Nacional, Partido Colorado y Frente Amplio) tendrán “incluida la suma de hasta un 24% de dicha cifra, monto que podrá ser distribuido, por los titulares, al o los señores ediles que eventualmente subroguen en sus funciones en las reuniones plenarias o de las comisiones de dicho legislativo. El valor de $ 25.000 será ajustado por la variación anual de IPC (Índice de Precios al Consumo) al primero de enero de cada año”.
Esta resolución contraviene el artículo 295 de la Constitución de la República el cual establece que “los cargos de los miembros de Juntas Departamentales y de Juntas Locales serán honorarios”, según Rochaaldía.
El Tribunal de Cuentas señala que “la resolución no se ajusta a lo preceptuado” en anterior resolución remitida por el TCR en diciembre del año 2010, en especial respecto a la “ausencia” de Rendiciones de Cuentas.

Un poco de historia…
El Tribunal de Cuentas de Uruguay es el órgano de control externo o entidad fiscalizadora superior del país. Su creación data del año 1934, cuando fue incorporado a nivel institucional por la Constitución de ese año.
Sus funciones se encuentran reglamentadas en la Sección XIII de la Constitución, el Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF), en leyes dispersas y en las ordenanzas que el propio Tribunal dicta al amparo de la potestad que le confieren los artículos 210, 211 y 212 de la Constitución.
Funciones
La Constitución establece que el marco de actuación del Tribunal de Cuentas es “la vigilancia en la ejecución de los presupuestos y la función de control de toda gestión relativa a la Hacienda Pública”.
Sus funciones de contralor son:
Dictaminar e informar en materia de presupuestos.
Intervenir preventivamente en los gastos y los pagos.
Dictaminar e informar respecto de la rendición de cuentas y gestiones de todos los órganos del Estado, inclusive Gobiernos Departamentales, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados.
Presentar a la Asamblea General la memoria anual relativa a la rendición de cuentas.
Intervenir en todo lo relativo a la gestión financiera de los órganos del Estado, Gobiernos Departamentales, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, y denunciar, ante quien corresponda, todas las irregularidades en el manejo de fondos públicos e infracciones a las leyes de presupuesto y contabilidad.
Dictar las ordenanzas de contabilidad, que tendrán fuerza obligatoria para todos los órganos del Estado, Gobiernos Departamentales, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados.
Proyectar sus presupuestos que elevará al Poder Ejecutivo, para ser incluidos en los presupuestos respectivos.
Sus funciones de asesoramiento son:
Asesoramiento en materia presupuestaria. El dictamen del Tribunal de Cuentas es facultativo respecto al Presupuesto Nacional y preceptivo en el caso de los Entes Industriales o Comerciales del Estado y de los Gobiernos Departamentales.
Asesoramiento en materia de emisión de títulos de deuda pública, concertación de empréstitos y aplicación de superávits por los Gobiernos Departamentales.
Asesoramiento en materia de Rendiciones de Cuentas. El Tribunal de Cuentas informa anualmente a la Asamblea General respecto a las rendiciones de cuentas que formulan todos los órganos del estado, incluidos los Gobiernos Departamentales, los Entes Autónomos y los Servicios Descentralizados. Asimismo emite opinión respecto a las rendiciones de cuentas especiales que deben formular los Directorios o los Directores salientes de los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados.
Asesoramiento a las Juntas Departamentales. Las Juntas pueden solicitar el asesoramiento del Tribunal de Cuentas en cuestiones relativas a la Hacienda o a la Administración Departamental.
Contestación de pedidos de informes de los legisladores. Todo legislador puede pedir al Tribunal de Cuentas por intermedio del Presidente de la Cámara respectiva los datos e informes que estime necesarios para el cumplimiento de sus funciones.
Conformidad previa sobre el Plan de Cuentas y Registros Contables. El Tribunal de Cuentas presta su conformidad previa al Plan de Cuentas y de registros contables, aplicable en forma obligatoria para todos los organismos públicos.
Presentación de la Memoria Anual. El Tribunal presenta anualmente a la Asamblea General la memoria anual relativa a la rendición de cuentas y gestiones de todos los órganos del Estado, inclusive Gobiernos Departamentales, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados.
Evacuación y publicación de consultas. El Tribunal evacua las consultas que le formulan por escrito los organismos públicos. Además, publica periódicamente aquellas son de interés general.


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